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Por Liliana Chiernajowsky*

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se apresta a aprobar, luego de haber sido tratado en comisiones, una Ley de Emergencia Social y Económica que habilita mecanismos de excepcionalidad para compras y contrataciones, fuera de las disposiciones de la ley que rige en la materia (Ley 70).
Se trataría de un favor que el Diputado Enrique Rodríguez (ahora alineado con Rodríguez Saá) le estaría haciendo al Jefe de Gobierno, promoviendo una ley que prorroga la emergencia económica que rige en la ciudad desde fines del año pasado. Para que la iniciativa resulte más potable, se incorpora al proyecto un sentido social expresado tanto en su título como en algunos de sus artículos.
Se apela entonces a la situación de emergencia social que vive el país y que impacta en la ciudad para proponer la creación de una Unidad Coordinadora que unificaría todos los planes sociales, y un Registro Unico de Beneficiarios (RUB) de programas sociales que permitiría la planificación del gasto social mediante el conocimiento del universo de beneficiarios, datos que hoy no se encuentran disponibles, según el decir del legislador autor del proyecto. Dicho así, la iniciativa parece loable.
Lo que resulta lamentable es que los diputados que la impulsan desconozcan o disimulen que el RUB ya existe y hasta fue presentado públicamente por el Jefe de Gobierno, el entonces ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, y quien escribe esta nota en su carácter de Vicejefa de Gabinete y responsable del diseño, implementación y dirección de dicho registro.
El RUB fue el primer programa transversal de la gestión de Ibarra, llevado adelante con muchas dificultades y en tiempo record.
Si el conocimiento de la demanda satisfecha en materia social no existe es porque, luego de mi renuncia, no hubo voluntad política para que las áreas involucradas, sobre todo la de Promoción Social, volcaran en ese registro informático los datos de los beneficiarios.
Lo mismo ocurre con los mecanismos para transparentar las compras y contrataciones previstos por la Constitución de la ciudad, también impulsados durante mi gestión. Las compras por Internet, herramienta idónea para el control y publicidad de los gastos, fueron demoradas durante estos años de manera injustificada.
La unificación de las partidas destinadas al gasto social tampoco fue una política tomada como prioritaria por parte del jefe de Gobierno, aunque sí hubo quienes la promovimos sin suerte.
Resumiendo, resulta preocupante que se utilice un discurso sobre la cuestión social que no se refleja en los hechos, para justificar una alteración de las normas que rigen y garantizan los procedimientos de compras y contrataciones en la ciudad, permitiendo las compras y contrataciones directas con controles que no pasarían de ser una bienintencionada expresión de deseos.

* Ex vicejefa de Gabinete del Gob. de la Ciudad. Ex Constituyente y Legisladora de la Ciudad.