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Santiago Cantón es argentino pero trabaja en Washington, como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde hace una semana recorre el país y se entrevista con funcionarios nacionales y provinciales y miembros de diferentes agrupaciones para recabar información sobre la situación del país. Al hablar de Argentina prefiere la cautela de los diplomáticos. Con esa prudencia asegura que “en los últimos meses ha habido un deterioro” en la protección a los derechos humanos. Es más contundente al referirse al estado general del continente: “En América Latina uno de los problemas principales es el de la impunidad. Y la impunidad es el alimento principal para que continúe habiendo violaciones a los derechos humanos”.
–Se reunió con organismos de derechos humanos, ahorristas, funcionarios provinciales y nacionales. ¿Cuáles son las primeras conclusiones?
–La comisión siempre dice que funcionamos como una llamada de alerta temprana. Cuando empezamos a recibir información de los distintos países sobre problemas específicos que dan muestras de una tensión importante o de graves violaciones a los derechos humanos en forma periódica, es un mensaje de que algo está pasando. Y de Argentina recibimos bastante información con anterioridad a esta visita –y también durante– sobre un montón de preocupaciones de distintos aspectos, ya sea de apremios ilegales, abusos policiales o lo que se conoce como gatillo fácil. Habíamos escuchado también sobre el problema de Defensa Nacional y Seguridad Interior, sumado al corralito y las tensiones sociales creadas por el corralito. Sobre el corralito hemos recibido en los últimos meses unas dos mil denuncias y normalmente en un período similar de seis meses hubiésemos recibido seiscientas.
–¿De un país?
–No en general de todos los países. Ahora recibimos dos mil sólo de Argentina y de un tema. Muestra un poco la magnitud del problema. En base a eso se decidió venir y tener reuniones con todos los sectores. Algunas entrevistas importantes fueron en La Plata, por ejemplo, donde la Comisión está alentada por el programa que se está llevando a cabo sobre la prevención de la tortura. Esperamos que dé resultados concretos, ya que uno de los problemas de los que siempre se ha hablado en relación a Argentina es el de la policía de la provincia de Buenos Aires. Otro de los temas que nos preocupaban era el de Seguridad Interior y Defensa Nacional, pero el presidente Eduardo Duhalde descartó la posibilidad (de unir las áreas) automáticamente.
–También hay muchas denuncias acerca de la persecución a los militantes sociales, lo que se llama la criminalización de la protesta.
–La idea de la comisión con algunos temas es hacer un informe de esta visita porque es un tema bastante complejo.
–¿Se va a hacer un informe especial, como aquel que se hizo en 1979 por las denuncias sobre los desaparecidos?
–El informe del año 1979 fue basado sobre lo que se conoce como una visita in loco. Esta, en cambio, es una visita del relator (Robert Goldman) y del secretario ejecutivo para analizar algunos temas específicos, no es para ver el tema de los derechos humanos en general.
–Y en base a lo que vieron ahora, ¿podría haber en breve una visita de ese tipo?
–No habría que descartarlo, porque recibimos solicitudes de ese tipo. Todo depende de la evolución de la situación en las próximas semanas o meses. Otro tema importante que nos preocupa mucho es el de los defensores de derechos humanos. En general en la región ha habido un aumento significativo de amenazas y en Argentina en estos días nos han informado bastante sobre estos hechos. Otros temas son el acceso a los medicamentos y a la Justicia.
–Supongo que las dos mil denuncias sobre el corralito implicaron que Argentina fuera el país más denunciado en la comisión.
–Sí, y eso siempre es así de alguna manera, pero habría que aclarar que eso no representa un estudio estadístico de la cantidad de las violaciones a los derechos humanos. Lo que demuestra es un gran conocimiento de los abogados argentinos del sistema interamericano y de su utilidad.
–¿Argentina bajó su nivel de protección a los derechos humanos?
–Argentina es uno de los países que más apoya a la Comisión Interamericana y está entre los países con el mejor discurso en relación a los derechos humanos.
–Pero una cosa es el discurso y otra la práctica.
–Pero eso tiene que ver con el apoyo que le da al sistema interamericano. Otros países atacan a la comisión constantemente, dicen que estamos politizados. En cambio Argentina, más allá que sea el primero en cantidad de denuncias, es un país que apoya. Hay un deterioro en varios países, no únicamente en Argentina. En el caso de Argentina sí lo hemos notado en los últimos meses, basados principalmente en la cantidad de denuncias de todo tipo que estamos recibiendo, eso es un poco lo que nos decidió a venir.
–Dijo que había un deterioro general en la región. ¿Cuáles son los problemas más graves?
–Están relacionados con la necesidad de que el proceso democrático que se inició en los `80 y `90 se refuerce aún más, particularmente en el área de las instituciones y sobre todo en la Justicia. En América Latina uno de los problemas principales es el de la impunidad. Y la impunidad es el alimento principal para que continúe habiendo violaciones a los derechos humanos y de todo tipo. Por otro lado, el deterioro económico no se puede dejar de lado, es evidentemente un factor importantísimo en todo este proceso de deterioro que estamos viviendo. Es una mezcla de cosas.
–Si los planes económicos o las medidas que se aplican en toda la región tienen que ver con el debilitamiento de la protección a los derechos humanos, la comisión, como organismo internacional, ¿podría hacer algo frente a otros organismos internacionales, en este caso los que imponen estas políticas económicas?
–Eso no está institucionalizado pero es importante decir que los informes de la comisión sí son seguidos de alguna manera por la comunidad internacional y siempre existe un poco de preocupación sobre si la comisión dice algo muy negativo sobre las instituciones de un país. Más de un país, cuando la comisión está por viajar –y no es el caso de Argentina– llaman con anticipación y dicen que tengamos cuidado porque lo que decimos puede afectar la valoración del riesgo país.
–Los problemas institucionales afectan al Gobierno, pero el aumento de la pobreza también está relacionado con aquellos que marcan el riesgo país.
–En cuanto a la relación directa con esas instituciones, eso no es parte de nuestro mandato ni es nuestra función. Pero por ejemplo, cuando la comisión dijo que en el caso de Fujimori que no existía democracia, eso también tuvo efecto en el resto de las instituciones.
–Usted es argentino, ¿hacía cuanto que no venía al país?
–Estuve en diciembre por cuestiones personales.
–¿Qué cambios encontró ahora?
–Como argentino, me parece preocupante la falta de esperanza que noto en general.
–¿La comisión puede hacer algo por las demandas sobre el corralito?
–La primera etapa es hacer una evaluación para ver si debe iniciarse un trámite. Todavía no se llegó ni siquiera a ese estado. De cualquier manera el tema, para la comisión, no tiene que ver con un enfoque económico, en todo caso es de debido proceso. Pero es prematuro hablar de eso.
–¿Se habló en las entrevistas con funcionarios sobre las deudas acerca de las violaciones a los derechos humanos del pasado, como ser la definitiva anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final? Lacomisión dijo hace tiempo que estaban en contradicción con la Convención Americana de Derechos Humanos.
–Siempre sale en alguna conversación en relación con la historia de la comisión en Argentina, pero no se trató específicamente. La comisión ya se expidió y mantiene su posición.