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“No es un cargo lo que quiero. Con la diputada Elisa Carrió presenté un proyecto para la caducidad de todos los mandatos. Pero no puede ser que (Gustavo) Beliz, porque tiene detrás al Opus Dei, maneje la política en la Argentina”, dijo Alfredo Bravo antes de retirarse de la sala donde se reúne la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El diputado dio un encendido discurso ayer ante los representantes de ese organismo para reclamar el enjuiciamiento de los jueces de la Cámara Electoral que le adjudicaron la banca –que aún no tiene dueño– al candidato del Frente Nuevo País.
Bravo llegó acompañado por su abogado, el ex juez federal Juan Ramos Padilla, y expuso durante una hora las razones por las que –según entiende– los camaristas electorales deben ser removidos de sus cargos. El diputado fue a reclamar que la Comisión revea la decisión, que fue tomada por el plenario del Consejo, de desestimar la denuncia contra los camaristas Rodolfo Munné, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera.
El 28 de diciembre del año pasado, la Cámara Electoral proclamó tercer senador nacional por la Capital a Beliz pese a que Bravo había obtenido más votos, si se sumaban las dos listas que lo llevaron como candidato. El diputado del ARI apeló la sentencia ante la Corte Suprema de Justicia, que tiene el expediente a estudio desde hace siete meses y simultáneamente hizo la presentación ante el Consejo de la Magistratura para que los jueces sean sancionados por mal desempeño. La denuncia fue desestimada aunque aún falta que el dictamen sea firmado por algunos consejeros.
Ante los discursos de Bravo y su abogado, el presidente de la Comisión de Acusación, Marcelo Stubrin, fijó su posición respecto del reclamo. “Creo que tiene razón, que la banca es de él, pero independientemente de eso sostengo que los camaristas no incurrieron en mal desempeño al dictar su fallo”, indicó.