Aunque gusta mostrarse ajeno a los tironeos partidarios, Néstor Kirchner decidió iniciar una batalla judicial por la representación del PJ. A través del histórico apoderado legal del peronismo, el diputado Jorge Landau, esta semana pedirá el juicio político del magistrado puntano Juan Maqueda por haber convalidado el congreso anti K de Potrero de los Funes, del que participaron Adolfo Rodríguez Saá, Carlos Menem, Ramón Puerta y Jorge Sobisch.

“Se trata de una maniobra política para tratar de instalar la candidatura de Rodríguez Saá en el orden nacional”, señaló Landau, quien acusará al juez por “mal desempeño de sus funciones”. Según el diputado, el juez federal con competencia electoral de San Luis “desnaturalizó el fuero, ya que lo utilizó como un organismo político cuando debiera ser un organismo profesional”.

A los ojos del kirchnerismo, Maqueda asumió como propia una jurisdicción que le corresponde a su colega María Romilda Servini de Cubría. Dicho de otro modo, el ahora cuestionado juez dio curso a un cambio de domicilio de la sede central del PJ, trasladándola de la Capital Federal a Potrero de los Funes, asumiendo así una competencia que no le sería propia. Un dato no menor: los partidos nacionales tienen su domicilio en la Capital Federal.

Maqueda había ignorado la voz de la fiscal electoral Mónica Spagnuolo, quien le recomendó que acreditara la condición de congresales nacionales a quienes participaron del encuentro de San Luis, como condición necesaria para convalidar el congreso.

Los sectores ligados a los ex presidentes Rodríguez Saá y Menem hacen una evaluación contraria, aunque más política que legal: no confían en Servini de Cubría, a la que consideran “una empleada del poder de turno”, en este caso al servicio del kirchnerismo. Y por eso quieren quitarla del medio en este diferendo interno del PJ. La oposición a Kirchner buscó la protección del partido ante la OEA. Es porque Servini de Cubría falló en su contra cuando reclamaron elecciones internas. Hubo una apelación y ahora el tema está en Cámara.

El planteo de Landau va de la mano de la presentación que Servini de Cubría realizó ante la Cámara Nacional Electoral, el pasado viernes 10 de agosto. En el texto hay indisimulables cuestionamientos a Maqueda. Estos son algunos:

- “La sola mención del apellido del fundador de ese partido (por Juan Domingo Perón) no alcanza para transformar una simple reunión de contenido político en un acto partidario organizado institucionalmente de acuerdo con las previsiones del estatuto de la entidad”.

- “Congregar en un mismo lugar a un número indeterminado de personas y entonar la Marcha peronista no resulta suficiente para transformar un mero acto político en la reunión del congreso nacional partidario”, cuestionó la magistrada.

- “Las exigencias legales para llevar adelante este tipo de asamblea, reglada tanto en la Carta Orgánica partidaria como en las normas de aplicación en la materia, establecen un procedimiento más complejo”.

Con esta misma base argumental, Landau pedirá el juicio político de Maqueda y es probable que a esa solicitud se sumen los diputados bonaerenses José María Díaz Bancalari y Carlos “Cuto” Moreno.

“A una reunión de militantes le dieron un barniz de congreso, consiguieron la oficialización de un juez local, y comenzaron a generar confusión interna. Hasta designaron interventores en algunos provincias, como Buenos Aires, Salta, Mendoza y Corrientes. Es muy desprolijo”, concluyó Landau.