La CTA hará hoy una movilización nacional para reclamar mejores políticas redistributivas y para pedir una definición del Gobierno en su histórica demanda de personería jurídica. A dos meses de la asamblea anual de la OIT que conminó al Estado argentino a que le entregue la personería, la respuesta todavía está en “un punto muerto”, dijo a Página/12 Hugo Yasky, secretario general de la CTA. La decisión no llega –agregó– porque está en medio de “un juego de pinzas entre algunos sectores empresarios muy conservadores y algunos sectores de la CGT, que se aferran por distintos motivos a la vigencia de un modelo sindical que garantiza este statu quo”.

La movilización de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), anunciada ya hace una semana, partirá a las 14 desde Avenida de Mayo y 9 de Julio y llegará hasta el Ministerio de Trabajo. El ministro Carlos Tomada será el interlocutor de los reclamos que arribarán acompañados por la presencia de sectores de la federación agraria, medianos y pequeños empresarios, organizaciones sociales, barriales y movimientos de desocupados.

“Reclamamos porque el país no puede seguir creciendo y esperar que el derrame sólo sea por goteo –dice Yasky–. Llegó el momento de redistribuir porque la brecha entre los que tienen más y tienen menos también está creciendo. El modelo tiende a la acumulación, independientemente de la voluntad de los que están al frente. Y mientras no se discutan políticas, la copa se va a seguir llenando de un solo lado.”

Pese a que algunos dirigentes de la central sindical se han mostrado afines a políticas oficiales, en este punto aparecen divergencias. Yasky dice no enfrentarse, sino trazar los horizontes que debería darse el Gobierno. “No basta con reproducir ciclos de crecimiento”, dice, sobre un “reclamo que interpela las políticas del Gobierno y que también está dirigido a la sociedad para convocarlo a movilizar”.

En julio de este año, después de innumerables reclamos y presentaciones dentro y fuera del país, la central logró un pronunciamiento de la OIT para que el gobierno argentino atienda su petición. La CTA está pidiendo un reconocimiento que depende formalmente del Ministerio de Trabajo, pero requiere de una decisión política del Ejecutivo nacional.

“Nosotros entendemos que una etapa en la que se tiene que poner como prioridad nacional la distribución de la riqueza –dice Yasky– requiere que todas las fuerzas sociales puedan actuar con libertad y bajo el paraguas del garantismo jurídico.” En ese sentido, la actual indefensión fomenta –según cuenta– “listas negras”: despidos de obreros o empleados movilizados y asimetrías con otros gremios. “Los que pertenecen a la CGT están protegidos a pleno con garantismo sindical, los que están en la CTA y en el sector privado, están a la intemperie, expuestos a las represalias patronales.” Algunos indicios de lo que significa la falta de personería los dieron distintos conflictos gremiales: señalan el caso del secretario general de la Ford, de la CTA, que terminó despedido.