El fiscal general de Estados Unidos, Alberto Gonzales, un amigo cercano del presidente George Bush y uno de los miembros más controvertidos de la administración, renunció abruptamente ayer sin dar ninguna explicación. Gonzales era el artífice de la política de la administración Bush de despojar de protección legal a los detenidos en la lucha antiterrorista. Sus políticas allanaron el camino para ejercer la brutalidad contra los detenidos en Irak, Afganistán, Guantánamo y otras cárceles secretas. Pero su caída llegó después de que los críticos dijeron que le había mentido bajo juramento al Congreso sobre el despido de nueve fiscales de Estados Unidos y por ordenar que el FBI (Federal Bureau of Investigation) espiara a los estadounidenses sin orden de allanamiento.

Gonzales, de origen humilde, se convirtió en el primer hispano al frente del Departamento de Justicia y anunció su renuncia en una breve aparición ante la prensa en la que describió sus trece años en el gobierno como un “viaje notable”. Declaró que había “vivido el sueño americano” y no dio ninguna clave sobre por qué había renunciado después de apedrear a sus críticos en el Congreso durante meses. Se irá del cargo el 17 de septiembre. El presidente Bush atacó a esos enemigos políticos diciendo que habían “tratado injustamente” a su amigo. Hablando desde su rancho, en Texas, dijo: “Es triste que vivamos en una época en la que a gente talentosa y honorable como Alberto Gonzales se le impide hacer un trabajo importante porque su buen nombre fue arrastrado por el barro por motivos políticos”. Bush tiene que elegir todavía a un fiscal general, y un nombre que se menciona es el de Michael Chertoff, secretario de Seguridad Interna.

Como fiscal general, Gonzales escribió muchos de los dudosos consejos legales que sustentaban la “guerra contra el terror”. Justificó el maltrato y la tortura en los terroristas sospechosos en Guantánamo y otras cárceles secretas y afirmó que la Convención de Ginebra no les correspondía a los combatientes talibanes y de Al Qaida capturados en Afganistán. Su partida del poder, que fue formalizada durante un almuerzo el domingo en el rancho de Bush en Crawford, significa que se ha ido el último de los pertenecientes a la llamada “mafia de Texas”, que acompañó al presidente a Washington durante seis años y medio. Hace dos semanas, el asesor presidencial, Karl Rove, anunció que se estaría yendo este fin de semana. Hay un sentimiento palpable de que el poder está drenando de la atribulada presidencia, a la que todavía le faltan 18 meses para terminar. Considerado por muchos como uno de los peores fiscales generales de Estados Unidos en la historia reciente, Gonzales hasta fue acusado de cometer perjurio ante el Congreso. Durante el testimonio dijo que no podía recordar los hechos sobre un programa secreto del gobierno para espiar a los ciudadanos estadounidenses o el despido masivo de los fiscales de Estados Unidos porque eran sospechosos políticamente.

Hasta el domingo a la tarde, la oficina de Gonzales negó que éste hubiera renunciado, aunque le había dicho al presidente el viernes pasado que tenía la intención de hacerlo.

Los demócratas trataron de contener cualquier manifestación triunfal ayer (ver aparte), pero el senador de Nueva York, Charles Schumer, le dijo al New York Times: “Ha sido una lucha larga y difícil, pero por fin el fiscal general ha hecho lo correcto y ha renunciado. Durante los seis meses anteriores, el Departamente de Justicia virtualmente no ha sido funcional y necesita desesperadamente de un nuevo liderazgo”. Gran parte de la discusión sobre Gonzales se enfoca en su rol en el despido el año pasado de los nueve fiscales estadounidenses del país, en lo que es visto por todos como un purga de funcionarios que eran levemente críticos de la Casa Blanca.

El legado de Gonzales puede quedar más en su intencionado desprecio por los derechos humanos y su cruel enfoque del interrogatorio de detenidos en la “guerra contra el terror”. En un memo de 2002 escribió que el Artículo III de la Convención de Ginebra era anticuado. Se burló de las reglamentaciones pintándolas “como pintorescas”, asegurando que requerían que a los combatientes capturados se les dieran “privilegios de cantina, vales canjeables, uniformes de gimnasia e instrumentos científicos”.

También estuvo detrás de la polémica orden presidencial de establecer tribunales militares para juzgar a los sospechosos de terrorismo en lugar de tribunales civiles. Esos tribunales no han logrado ni una sola condena hasta ahora y la continuada operación en Guantánamo se ha convertido en una llaga para la administración en su relación con el mundo exterior. Igualmente preocupante para los estadounidenses ha sido su uso del Departamento de Justicia y del FBI en la aplicación inadecuada –y posiblemente ilegal– de la Ley Patriótica de Estados Unidos para espiar a los ciudadanos estadunidenses. Este mes se anunció que la información recogida por la red de espionaje satelital de Estados Unidos dentro del país está siendo compartida por agentes de la policía.

* De The Independent de Estados Unidos. Especial para Página/12.

Traducción: Celita Doyhambéhère