Si todas las naciones del planeta emularan a la administración de George Bush en su renuencia a instrumentar políticas para limitar las emanaciones contaminantes, el mundo debería afrontar pérdidas en las próximas décadas equivalentes al 5 por ciento del PBI mundial. Por el contrario, avenirse a los dictados del protocolo de Kyoto, que impone pautas para liberar a la atmósfera de los gases que promueven el efecto invernadero, podría reducir ese extraordinario costo al 1 por ciento, alrededor de unos 800 mil millones de dólares.

Esa cuantificación del impacto económico producido por el calentamiento global surge del informe realizado por el ex economista en jefe del Banco Mundial, Nicolas Stern, para el gobierno británico, erigido en un eventual militante de las políticas ambientales. Su colega, Stephen Green, funcionario del Ministerio de Negocios de Londres, presentó ayer en Buenos Aires un resumen ejecutivo de aquel trabajo, en el que se señalan metas de descontaminación para el 2050, 38 años más allá de lo que previó Kyoto hace una década. La Unión Europea está comprometida con el propósito de reducir en un 20 por ciento sus emisiones de carbono, que el gobierno británico pretende profundizar hasta el 30 por ciento, arrastrando a todo el Viejo Continente en esta ambiciosa empresa. Para ello, los británicos deberían ir cambiando su matriz energética, en la que los contaminantes combustibles fósiles como el petróleo representan un 75 por ciento.

Pero la primera advertencia del informe Stern es que, aún sumando a las grandes naciones a este esfuerzo, dentro de 43 años esos carburantes “tienen muchas probabilidades de constituir un 50 por ciento del suministro energético mundial”. Es decir, que la necesidad de petróleo y los conflictos que entraña su satisfacción no tienen miras de solucionarse en el mediano plazo, algo que el texto no dice expresamente pero sí sugiere con aquella sentencia.

La primera batalla en esta guerra contra el calentamiento consiste en limitar las emisiones de dióxido de carbono en 450 ó 550 partes por millón. Hacer esto inmediatamente tiene un costo equivalente a un punto del producto bruto mundial, que se quintuplicaría si no se hace nada, básicamente por las pérdidas económicas que ocasionan las hecatombes climáticas. Estas, según destacaba ayer Green, resultan más impiadosas para los países en desarrollo que, paradójicamente, son los que menos contribuyen a la alteración de las condiciones atmosféricas.

La excepción a esta regla es China, que hoy emite una cantidad de gases similar a la de Estados Unidos, el principal contaminante del planeta: el país asiático pone en marcha una planta de generación a carbón por semana, con el consecuente efecto nocivo sobre el ambiente. Hecha esta salvedad, el economista senior admite que el problema es distinto para los países ricos que para los pobres. Gran Bretaña sufre inundaciones que, básicamente, encarecen las pólizas de seguro de las propiedades en zonas anegables e, inclusive, algunos grados más de temperatura le permite producir vinos que antes no. Pero el problema del agua invasora en países como Bangladesh es directamente devastador, tanto por la envergadura de los destrozos como por la escasez de recursos para repararlos.

Evitar aquellos males implica invertir en nuevas tecnologías para encontrar combustibles sustitutos. Los británicos apuestan a la energía nuclear y, en menor medida, al biocombustible. Solución, esta última, muy controvertida, entre otras razones porque obliga a destinar áreas cultivables para producir insumos para etanol o biodiesel. La contracara de esos desafíos es, sin embargo, la perspectiva de nuevos negocios para quienes puedan producir los insumos o, directamente, los sustitutos del petróleo. Aquí también los países ricos están mejor posicionados, aunque el informe Stern no lo subraye.