Para los pocos sobrevivientes fue uno de los torturadores sádicos de La Perla, jefe del equipo de interrogadores y conductor de los grupos de tareas entre 1976 y 1977. Hace seis meses, volvió a ser recordado por un absurdo: a pesar de los pedidos de extradición argentinos, la Justicia norteamericana lo detuvo por haber mentido con los datos de su ingreso a ese país. Aquel proceso incluyó una condena de seis meses de prisión que acaba de concluir y la orden para deportarlo. Ernesto “El Nabo” Barreiro, militar retirado, vocero del levantamiento carapintada de la Semana Santa y hasta ¡coleccionista de arte! entre los vecinos del norte, llegó a Ezeiza a las 9.20. Apenas lo hizo quedó detenido. Ahora espera en Campo de Mayo la indagatoria por más de “una docena” de causas pendientes.

“...Me desnudaron y me ataron a los elásticos de una cama, de las muñecas y los tobillos, con esposas. Quien me aplicó la picana fue el Teniente 1ro. Ernesto Guillermo Barreiro, quien me decía que era agente de la CIA”, narró Gabriel Mayorga, en ese momento de 16 años.

Barreiro llegó a Buenos Aires en un vuelo de United Airlines 847 desde Estados Unidos, acompañado por personal de Migraciones del gobierno norteamericano que trataban de evitar que no se escapara. Una vez en tierra, lo esperaba una patrulla de Interpol para dejarlo en manos de la Policía Federal, encargada de custodiarlo hasta el alojamiento en Campo de Mayo.

Entre la docena de causas pendientes, Barreiro aguarda la investigación por la desaparición de Diego Huzinker, un estudiante de 17 años del colegio Monserrat de Córdoba detenido el 3 de septiembre de 1977 en la Casa de Hidráulica y asesinado entre el 21 y 22 de ese mes. Los expedientes están en manos de la jueza Cristina Garzón de Lascano y de la fiscal Graciela López Filoñik, que luego de conducir el proceso dictaron la orden de captura internacional del represor hace tres años. En ese momento, Barreiro echaba raíces en Estados Unidos.

“El Nabo” estuvo detenido en 1987 en Córdoba, en el marco de las primeras investigaciones sobre lo que sucedió en uno de los centro clandestinos más importante del país. Cuando la Cámara Federal lo convocó a declarar, él se negó y ese rechazo se convirtió en el inicio de la revuelta de la Semana Santa de ese año, que culminó en la probación de la Ley de Obediencia Debida, semanas más tarde. Más luego, los organismos de derechos humanos de la provincia recuerdan que fundó el MODIN (Movimiento por la Dignidad Nacional), se acercó al menemismo de la mano de la FELAC, la fundación de Alberto Kohan y trabajó como asesor de la familia Trusso, propietarios del quebrado Banco Comercial de La Plata. Barreiro nació en Buenos Aires, vivió en Bahía Blanca y se casó con Ana Delia Maggi, que en los últimos años respondía en inglés el paso de un periodista que intentó entrevistarla en la coqueta casa norteamericana.

Barreiro y Maggi huyeron a Estados Unidos en 2004, un día antes de que la justicia federal dicte una nueva orden de captura. Lo que siguió fue contado por las crónicas de todo el mundo en los últimos meses. El ex mayor del Ejército compró una casa por 250 mil dólares en The Plains, un pueblo a 80 kilómetros de Washington, era tratado como parte de una familia de vecinos “simpáticos”, “reservados” y “elegantes” propietarios de un chalet. En la planta baja colocaron el local de arte y antigüedades, y una sucursal en Barcelona atendida por un hijo.

“Después de la fuga, nosotros empezamos a buscarlo y de a poco fuimos obteniendo los datos que nos indicaron dónde estaba”, explica en este caso Claudio Orosz, abogado de las victimas y familiares de los desaparecidos. En su “repatriación” trabajó el juzgado federal de Córdoba, la Dirección de Migraciones argentina y de Estados Unidos en un proceso que terminó de decantarse el 1º abril. Lo detuvieron en Arlington luego de que se conociera cómo había hecho su visa.

“Lo que finalmente ocurrió es que lo juzgaron por las mentiras”, explica Orosz. “Porque mintió para entrar al país y dijo que no tenía causas penales y que no había estado detenido en Argentina.” Barreiro estuvo preso desde entonces. En todos estos meses, la Justicia argentina le dio documentación a sus pares norteamericanos del Estado de Virginia donde el juez de migraciones J.S. Ellis se encargaría de juzgarlo. Envió las certificaciones de su detención en 1984, exactamente quince días antes de la sentencia. Eso terminó de cercarlo: “Era tan abrumadora la prueba –dice Orosz– que la defensa de Barreiro tuvo que presentarse antes al juez para reconocer su culpabilidad”. De todos modos, el 21 de septiembre Ellis lo condenó a seis meses de prisión allí y ordenó deportarlo.

“Usted debería estar muy agradecido porque si yo fuese el juez encargado de fijar la sentencia por los actos atroces e inhumanos de los que está acusado en su país –le dijo Ellis– yo le daría más de cien años de cárcel.”

Los seis meses de la detención efectiva acaban de cumplirse. Barreiro llegó al país “deportado”. “Es necesario aclarar que no lo extraditaron sino que lo deportaron”, explica Orosz. Las extradiciones se hacen por el pedido de un país a otro y para que la persona sea juzgada por esa sola causa. La deportación, en cambio y como sucede ahora, no tiene restricciones. Barreiro comienza ahora otro proceso: el de La Perla, que todavía tiene pendiente.

El embajador norteamericano, Earl Wayne, manifestó ayer la “satisfacción” por el trabajo conjunto de las autoridades argentinas y norteamericanas que culminó con el viaje del represor a Buenos Aires.