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Por Alicia Oliveira *

La discusión por el aumento de las tarifas públicas pone en evidencia el enfrentamiento entre el poder económico de las empresas privadas y los sistemas de control creados por la Constitución, que garantizan el derecho de los nuevos actores sociales –usuarios y consumidores–. Y es justamente esta herramienta de poder la que permite instalarse en el territorio de la batalla económica que sufren el Estado y la sociedad en la última década. A tal efecto, debemos tener presente, y no me cansaré en insistir sobre este punto, que cada omisión en las garantías de la ley que rigen en materia de concesiones de servicios públicos, tiene como consecuencia inmediata el menoscabo de derechos fundamentales de los usuarios de esos servicios, es decir, de cada uno y de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.
Una serie de principios básicos debe anteponerse al debate por los aumentos tarifarios:
- Deben respetarse la universalidad de los servicios públicos esenciales, que incluye a millones de usuarios y que hacen a una existencia digna.
- Los incrementos tarifarios son ilegítimos. Debemos recordar que durante la convertibilidad las empresas ajustaron sus tarifas de acuerdo con el índice de inflación de EE.UU. y ahora quieren aplicar el índice inflacionario argentino.
- Deberá mantenerse la calidad de los servicios y todas las obligaciones contractuales. Si alguna empresa no está en condiciones de hacerlo, que se le apliquen las sanciones previstas.
Las empresas, a través de espurios contratos de licitación, se enriquecieron aceleradamente y la contrapartida no fue la inversión en infraestructura y el beneficio para el usuario sino el endeudamiento en el exterior, en dólares. Por lo tanto, el riesgo que asumieron al contraer deudas en el exterior bajo ningún punto de vista debe ser compensado por los usuarios con aumentos de ninguna naturaleza, y mucho menos socializar las pérdidas, cuando nunca apelaron a socializar sus exorbitantes ganancias con reducciones tarifarias, por ejemplo.
Hoy, las empresas de servicios públicos amenazan al Estado y a la población con grandes apagones y con líneas telefónicas que no se reparan como consecuencia “natural” de la falta de aumentos, cuando lo “natural” es el respeto por los derechos ciudadanos, cuando lo “natural” es la universalidad de los servicios básicos, cuando lo “natural” es que las empresas de servicios públicos deban asumir los riesgos que impone la crisis, luego de una década de millonarias facturaciones.
Por esa razón, nos uniremos –para llevar adelante una posición común– las asociaciones de defensa del consumidor, ONG, organismos de control estatales y las Defensorías del Pueblo en cada una de las provincias y municipios, diciendo claramente que no vamos a caer en la trampa de ser utilizados para legitimar un aumento insostenible e insoportable para la gente.
La lucha de poder está planteada entre las presiones de las empresas y la acción de los organismos de control público que deben hacer respetar y defender los derechos del usuario frente al avasallamiento del poder económico.

* Ombudsman porteña.