“Los diferentes contratos fueron realizados para provecho económico de empresas beneficiadas y en perjuicio de los intereses de la Policía Federal.” Con estas palabras, la Sala II de la Cámara Federal procesó ayer al ex jefe de la Policía Federal Roberto Giacomino, por el delito de fraude al Estado nacional. La denuncia original fue realizada por el ex ministro de Justicia Gustavo Beliz y por la Oficina Anticorrupción (OA), pero Giacomino fue beneficiado con una falta de mérito. La OA apeló la decisión del juez Octavio Aráoz de Lamadrid y ahora la Cámara dictó el procesamiento. El fraude al Estado tiene una pena que va de dos a seis años de prisión.

Los doctores Horacio Cattani y Martín Irurzun, integrantes de la Sala II, sostuvieron en su fallo buena parte de los argumentos de la OA, que reveló que las empresas que resultaron favorecidas con contratos de más de diez millones de pesos están vinculadas con Giacomino por vínculos familiares y de amistad. “A la sugestiva integración de las empresas beneficiadas –dicen los camaristas– se aunaron las conclusiones de peritajes donde se objetó la circunstancia de que no se haya invitado a los principales proveedores de sistemas para hospitales y clínicas. Las sociedades invitadas a participar no reunían los antecedentes necesarios para un proyecto de tamaña envergadura.”

“Todas las empresas beneficiadas, Novel Time, L&M, Tropex y Dinatch, tenían estrechas relaciones entre sí, por lo que queda claro que no existió competencia entre éstas y que la decisión sobre la adjudicación de los contratos estaba tomada antes de iniciarse el proceso de selección”, afirmaron Cattani e Irurzun.

El centro de las acusaciones contra Giacomino está en los contratos de equipamiento médico, informático y mobiliario para el hospital policial Churruca. Justamente, los integrantes de la Sala II detallan que la empresa Novel Time se dedicaba a la explotación de complejos de vacaciones y su propietario era Santiago Alvarez, tío de la nuera de Giacomino. L&M consiguió contratos por más de 1.500.000 pesos y Tropex obtuvo una cifra menor. Esta última estaba integrada por el concuñado de Giacomino y Beatriz Querejeta, suegra del ex jefe de la Federal. La familia Capizzi, presentada por Giacomino como parientes suyos, aparece a cargo de tres de las empresas contratadas.

Entre las irregularidades, que suman más de cien, la Cámara señala: “Opción por las alternativas más caras y perjudiciales, evidente inconveniencia de alquiler de servicios, el pago de sobreprecios y una recurrente ausencia de documentación respaldatoria”. En algunos casos se comprobó que “los equipos provistos presentaban varios defectos que obstaban el cumplimiento de sus funciones, porque estaban viejos y visiblemente deteriorados por el óxido y eran modelos reacondicionados que se habían dejado de fabricar por lo que resultaba difícil su mantenimiento”.

La conclusión de Cattani e Irurzun es lapidaria: “Giacomino y los demás procesados, en abuso de sus cargos, manejaron fraudulentamente los fondos públicos a su disposición, generando un perjuicio económico de especial relevancia para la administración estatal”.