A juzgar por la intención expresa de sus protagonistas, la conferencia de Annapolis clausurada ayer señala un giro radical en las relaciones entre israelíes y palestinos. Luego de siete años manchados por la sangre derramada a causa del reinado del unilateralismo en sus formas más brutales: la fuerza militar desproporcionada, del lado israelí, y el terrorismo suicida y ciego, del lado palestino, sus respectivas dirigencias aseguran estar dispuestas a retomar la senda de la política bilateral. Como lo señala el “entendimiento común” al que llegaron, a último momento y luego de la insistente presión ejercida por la canciller norteamericana, Condoleezza Rice, las representaciones de Israel y de la Autoridad Palestina harán “todo el esfuerzo necesario para llegar a un acuerdo de paz definitivo antes del fin del año 2008”. Las negociaciones destinadas a alcanzar esa meta, que comenzarán oficialmente el próximo 12 de diciembre, girarán en tono de los “temas nucleares” del conflicto: los límites del futuro Estado palestino independiente, la partición y el estatus de Jerusalén y la cuestión del retorno de los refugiados palestinos.

El establecimiento de un plazo definido del proceso negociador, que no casualmente coincide con el final de la cadencia de George Bush, es el logro más significativo obtenido por el líder palestino en Annapolis, y uno de los puntos que, además, justificaron la destacada presencia en la cumbre de los estados miembros de la Liga Arabe. A esa limitación temporal se oponía, ciertamente, el gobierno israelí, aunque sí logró neutralizar otra demanda palestina que podría comprometer la estabilidad de la coalición de Ehud Olmert: la mención explícita de Jerusalén como parte de los temas cardinales abiertos a la discusión bilateral. Si bien la inclusión de la “ciudad santa” en la agenda negociadora provocaría el veto inmediato de los partidos de derecha que componen la coalición gubernamental, la adopción de un calendario para solucionar el conflicto palestino-israelí no es un asunto nuevo ni mucho menos percibido como comprometedor para alguna de las partes. Ya lo dijo el asesinado ex premier de Israel, Yitzhak Rabin: en Medio Oriente “no hay fechas sagradas”. Por otra parte, en la vida política del actual mandatario israelí, en muchos aspectos parecida a un juego-simulacro de supervivencia, un año se aproxima a la eternidad.

Como contrapartida, el punto más significativo que se apuntó a su favor Israel en Annapolis es el condicionamiento de la aplicación de cualquier punto del futuro acuerdo a la Hoja de Ruta. Como lo establece ese marco conceptual, adoptado por los Estados Unidos en 2004, la condición previa para el avance de cualquier solución del conflicto demanda el “desbaratamiento de la infraestructura terrorista” por parte de la AP y el congelamiento de la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania por parte de Israel. Hasta ahora, en rigor de verdad, ninguna de las partes ha cumplido con esa exigencia. Los palestinos, sin embargo, pidieron ahora la aplicación paralela de las obligaciones que fija la Hoja de Ruta, es decir, que Israel desmantele un asentamiento nuevo o frene el crecimiento de algunos ya existentes en los territorios palestinos a cambio de la desarticulación de células terroristas por parte de los aparatos de seguridad de la AP. Los israelíes, en cambio, insistieron en desvincular las dos partes de la ecuación, y lo lograron. Desde este punto de vista, la “Declaración de Annapolis” no corta el círculo vicioso de la unilateralidad amparada en la lógica de la “lucha contra el terrorismo”, en la que la superioridad militar israelí se impone en todo los terrenos.

Si Olmert, de regreso a Jerusalén, debe lidiar con sus socios opuestos a las “renuncias dolorosas” que exige cualquier proceso de normalización con los palestinos y el mundo árabe, a Abbas lo esperan las demostraciones militantes de Hamas, cuyo aislamiento se ha profundizado a raíz de su rechazo a la cumbre celebrada en los Estados Unidos. El retorno al canal negociador con Israel impulsa al sucesor de Yasser Arafat a enfrentarse con el enorme dilema si dejar que la Franja de Gaza, que cayó en manos de los islamistas en junio pasado, se transforme en una nueva diáspora palestina, como la existente, por ejemplo, en los campos de refugiados del Líbano.

La amputación de Gaza sería una traición al principio nacional que la considera, junto con Cisjordania (incluida Jerusalén oriental), una parte integral de la patria palestina. La opción contraria, en cambio, implica una nueva reconciliación con Hamas y su posible incorporación a la AP, con lo cual peligraría la continuidad del diálogo con Israel. Si, a pesar de la experiencia frustrante del pasado inmediato, Arabia Saudita y Egipto deciden reclutar fuerzas renovadas en pos de la “unidad palestina”, el presidente de la AP no podrá mantener el veto contra Hamas, sobre todo luego del respaldo que los dos países árabes le acaban de brindar en Annapolis. En tal caso, la Liga Arabe intervendría para modificar el sentido del mantra antiterrorista incrustado en la “Hoja de Ruta”, es decir, la represión de los brazos armados de los grupos extremistas.

Aunque Israel se desentiende del problema de Gaza, e incluso anunció que cortará el suministro eléctrico y de combustibles si se intensifican desde la franja palestina los ataques contra poblados israelíes, el cierre hermético y estrangulamiento económico impuesto a sus 1.500.000 habitantes no es la receta más propicia para acordar, en el plazo de un año, los límites de un futuro Estado palestino. De eso, lamentablemente, nadie habló en Annapolis.