“Las empresas son hijas del rigor: hasta que no las clausuramos, no toman medidas para dejar de contaminar”, denunció Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación, en el marco de la nueva audiencia pública convocada por la Corte Suprema por la contaminación del Riachuelo. Más de cuarenta de esas empresas deberán declarar hoy, cuando continúe la audiencia. Ayer hablaron también el procurador del Tesoro –“las empresas de la Cuenca están lucrando a costa del medio ambiente”– y el de la ciudad de Buenos Aires, quien deploró “el hecho de que la ciudad no tenga participación en la empresa Aysa”. Un representante de los catorce municipios de la Cuenca negó que alguno de ellos haya tenido alguna vez alguna responsabilidad en alguna contaminación en alguna parte del Riachuelo. Las cuarenta que declararán mañana son sólo una muestra de las 3000 empresas que desaguan en la Cuenca; contó Picolotti que, ante las clausuras “contratan a los estudios jurídicos más caros, pero ninguna llegó a ganar un recurso ante la Justicia”. Una ONG, por su parte, exigió “medidas urgentes” para atender la salud de quienes viven en las márgenes del curso de agua más contaminado de América.

Osvaldo Guglielmino, procurador del Tesoro nacional, señaló que “la cuenca del Riachuelo, en materia ambiental, desde hace muchos años está al margen de lo jurídico y sin ejercicio de poder de policía”. Según el funcionario, “las empresas deberán incluir en sus costos los de la seguridad ambiental, ya que están haciendo un uso crematístico –es decir, un aprovechamiento lucrativo– del medio ambiente”.

La demanda original, en respuesta a la cual interviene la Corte Suprema, incriminaba también a la ciudad de Buenos Aires y los catorce municipios de la cuenca. Agustín Szbar, procurador general porteño, declinó responsabilidades con el argumento de que “recién en 1996 se concretó la autonomía de la ciudad”. También afirmó que “la eventual condena por el desvío de fondos del crédito del BID (por 250 millones de dólares, otorgado durante el menemismo para sanear el Riachuelo) correspondería al Estado nacional, y de ningún modo a la ciudad”. También lamentó “el hecho de que la ciudad de Buenos Aires no tenga participación en AySA, pese a que la mayor parte de los servicios de esa empresa se brindan en este territorio”.

En representación de los catorce municipios bonaerenses comprendidos en la Cuenca habló Homero Bibiloni: “No hubo omisión ni falta de diligencia de los municipios”, aseguró y declaró que “para monitorear las 3000 industrias que están sobre el Riachuelo harían falta 140.000 procedimientos por año”. Enumerando la situación de cada municipio, argumentó que, en Almirante Brown, “había una sola industria contaminante y el problema ya fue resuelto”. En La Matanza no mencionó cuántas industrias contaminantes hay, pero sí que ese municipio “intensificó la erradicación del problema de falta de cloacas”, lo mismo que Lomas de Zamora. El municipio de Presidente Perón no es más que “un distrito rural” y Avellaneda no pudo hacer nada mejor porque “se negó al municipio el acceso a predios” de las empresas contaminantes.

Romina Picolotti, secretaria de Ambiente de la Nación, contó a este diario que en sus 14 meses de gestión “efectuamos 1800 acciones” de control sobre las empresas, que derivaron en “600 sanciones y 68 clausuras, con varias más en proceso. Ayer mismo clausuramos dos frigoríficos clandestinos”. La funcionaria advirtió que “las empresas son hijas del rigor: hasta que no las clausuramos, no toman acciones”, pese a que “la Secretaría de Ambiente les ofrece créditos y asistencia gratuita”. Picolotti agregó que “luego de efectuar la clausura, les sugerimos a las empresas que, como condición para suspender el cierre, presenten planes de reconversión, para lo cual les ofrecemos ayuda técnica”. En todo caso, “cada clausura tuvo efectos positivos en el medio ambiente, y veinte de las empresas sancionadas ya efectuaron obras para adecuarse a las normativas”.

Picolotti contó que, ante las clausuras, “las empresas aducen contar con autorizaciones municipales, pero éstas no se pueden hacer valer para dañar el medio ambiente”. Por eso, “ninguno de los recursos presentados ante la Justicia por las empresas, frente a las clausuras, pudo prosperar”. Las firmas contaminantes “contratan a los mejores y más caros estudios jurídicos, amenazan, pero en general no presentan recursos porque saben que no van a ganar”.

Por su parte, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) exigió “medidas urgentes por la calidad de vida y la atención de la salud de las personas que viven en las márgenes de la cuenca”. Y, durante la audiencia de ayer, grupos de vecinos pertenecientes a asambleas barriales protestaron y arrojaron basura sobre la calle Talcahuano: “¿Cuántos niños seguirán padeciendo dermatitis, alergias y problemas respiratorios?”, decía una de sus pancartas.