La jueza María Servini de Cubría no creyó en las teorías de Felisa Miceli sobre la bolsa con 100 mil pesos y 31.670 dólares hallada en el baño privado de su viejo despacho en el Ministerio de Economía. Luego de juntar pruebas, procesó a la ex funcionaria por la “sustracción” del acta policial que fue labrada en el momento del hallazgo del paquete y por el “encubrimiento” de una operación financiera ilegal que indicaría el origen dudoso o espurio del dinero.

En una resolución del 28 de diciembre, Servini también ratificó el embargo de 200 mil pesos sobre los bienes de Miceli y le dictó falta de mérito a uno de sus hermanos, José Rubén Miceli, a quien ella le atribuyó la propiedad de la plata cuando fue indagada. Dijo que se la había prestado para realizar una operación inmobiliaria que finalmente se frustró. Esa versión modificaba una anterior, que había dado públicamente: que el préstamo provenía de otro hermano, Horacio.

Desde un comienzo el fiscal Guillermo Marijuán sostuvo que el ladrillo con los 100 mil pesos había salido del Banco Central el 21 de mayo, termosellado con el número 38.057, rumbo a la financiera Cuenca en un camión de Juncadella-Prosegur. La bolsa fue encontrada el 4 de junio en un placard del baño privado que Miceli usaba en el Palacio de Hacienda por una inspección de rutina de la brigada antiexplosivos. La plata, decía el fiscal, había llegado a manos de la ex ministra “por fuera de una operación financiera legal, regular, debidamente registrada” y “con respaldo documental”. La financiera Cuenca, subrayaba Marijuán, no había tramitado en forma legal el ingreso y egreso de la plata. Por lo tanto, sostenía, Miceli “encubrió” su “origen espurio”.

La jueza, en efecto, la acusó del delito de encubrimiento –con penas de 6 meses a 3 años de prisión– y ordenó que se investiguen las operaciones ilícitas de la Caja de Crédito Cuenca en un juzgado de San Martín, donde esa firma ya carga con una causa anterior por supuesto lavado de dinero.

La otra figura que la jueza le imputó a la ex ministra es la sustracción y posible destrucción del acta policial que dejaba constancia del insólito descubrimiento. Miceli obtuvo, de hecho, un original de ese documento. Ante la jueza admitió que lo había tenido en su poder cuando quiso dar sus explicaciones a los medios de comunicación y precisar cuánta plata era, hizo copias, las repartió todas, y entre ellas estaba la original. Esto le puede costar hasta cuatro años de cárcel en un futuro juicio oral.

Miceli dijo ayer que está convencida de que la causa fue “algo absolutamente armado” (ver aparte). “Fue para perjudicarme y para perjudicar todos los intereses que yo represento y que yo he defendido durante mi función en el Ministerio de Economía”, dijo y aludió al caso Greco. Argumentó, además, que las características del “ladrillo” con el dinero no eran las típicas de los que salen del Banco Central y que la etiqueta que lo vinculaba a esa entidad la vio un solo testigo.

La falta de mérito que Servini dictó respecto de su hermano implica que por ahora no tiene evidencias que lo comprometan, pero tampoco que permitan sobreseerlo. La jueza venía investigando a sus familiares más cercanos: a sus hermanos Horacio y Adriana y a su marido Ricardo “Pacha” Velazco. Horacio es empresario farmacéutico; Adriana, una arquitecta vinculada a planes de vivienda del Banco Hipotecario, y su marido fue director del Enargas y en junio de 2007 fue designado como subsecretario en el Ministerio de Desarrollo Social. La causa apuntó también a dos ex directores del Hipotecario –removidos– Jorge March y Jaime Grimberg.