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La investigación por el secuestro y homicidio de Diego Peralta puede tener hoy una jornada clave: el juez Carlos Ferreira Pella le tomará declaración indagatoria a un joven, vecino de Quilmes, que fue señalado como uno de los cinco o seis miembros de la banda que intervino directamente en el trágico desenlace. Otro detenido, apodado “Chelo”, habría señalado a dos de los miembros de ese grupo principal como autores materiales del crimen, en circunstancias que todavía no están debidamente aclaradas y que difieren de una versión policial anterior, según la cual el homicidio había sido cometido por la única mujer de la banda, la “Gorda Rosita”. La versión de “Chelo” excluye a la policía como responsable de lo ocurrido y en eso se contrapone con la que brindó el primer detenido que tuvo la causa, José Pablo García, el único al que ya se le dictó la prisión preventiva. Como en la causa hay todavía más dudas que certezas, el gobernador Felipe Solá salió ayer a curarse en salud de cualquier anticipo apresurado: “Hay una investigación abierta, hay un juez que la maneja, no vamos a decir que el caso está cerrado”.
Peritos de la Gendarmería tomaron ayer pruebas magnetofónicas a por lo menos tres de los detenidos, para establecer si alguno de ellos realizó llamadas telefónicas a la casa de la familia de Diego Peralta. Las pruebas de voz fueron utilizadas para fundar la prisión preventiva de García. El juez consideró probado que llamó por lo menos tres veces a Luis Peralta, el papá de Diego, ofreciendo datos sobre el paradero del joven secuestrado. Uno de los detenidos que fue sometido ayer a una prueba de voz fue Daniel Pereyra, a quien algunas versiones señalaron como miembro del grupo de cinco –entre los 17 detenidos– que aparece como más complicado en el marco de la investigación.
El joven fue detenido en Ezpeleta, pero hasta anoche, su abogado, Juan Carlos Feustel, carecía de “datos precisos sobre cuál es la acusación” que pesa sobre su representado, a quien consideró “inocente”. Ayer prestaron declaración varios de los detenidos, entre ellos el vendedor de teléfonos celulares Ernesto Allende. Su abogada, Vanina Molina, dijo a este diario que “lo único” que hizo su defendido fue “vender un celular y después de declarar en la causa sigue detenido”. Todo hace pensar que de los 17 detenidos, apenas cuatro o cinco seguirán en prisión por el homicidio de Diego Peralta, aunque no se descarta que otros queden involucrados en causas paralelas que están surgiendo de la investigación.
Algunas fuentes insistieron en que el sargento Miguel Angel Giménez y un oficial de apellido Roque, que era el verdadero jefe de calle del destacamento de El Jagüel, nada tuvieron que ver con el secuestro y que seguirán procesados por otros delitos menores. En la casa de Luis Peralta y Emilse Silva, los padres de Diego, ayer podían verse, colgados en el portón de entrada, dos carteles que ponen en duda la versión oficial. “La policía, la antisecuestro, tardó 58 días en capturar rateros y detener a dos policías por el robo de una moto”, decía uno de ellos. El otro completaba la opinión de los padres: “Somos pobres, no estúpidos”.
El auto de procesamiento de José Pablo García confirma la precariedad de los integrantes de la banda. García, de profesión changarín y analfabeto, realizó sus llamadas al padre desde un teléfono público ubicado en la calle Edison 2828, a pocas cuadras del lugar donde vive la familia Peralta. Cuando los ocupantes de un móvil policial llegaron al lugar y lo sorprendieron con el tubo en la mano, García intentó escapar en una bicicleta que había dejado tirada sobre el piso. “Los investigadores policiales tienen derecho a decir que el caso está resuelto, pero la palabra final la tiene el juez”, insistió el gobernador Solá, habida cuenta de que la hipótesis de la banda marginal, sin soporte policial, no termina de cerrar. Gendarmería podría aportar pruebas para probar que Diego estuvo en alguna de las casas allanadas, pero aunque eso ocurra lahistoria parece seguir coja. “Nos mintieron mucho y ahora no podemos creer en nada”, concluyó Emilse Silvia, en diálogo con Página/12.