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El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, anunció ayer la reglamentación de la ley de Compre Argentino porteña. Lo hizo a propósito de la celebración del Día de la Industria frente a representantes de más de 300 pymes, ante quienes destacó que “la mejor estrategia redistributiva es generar puestos de trabajo”. La iniciativa reglamentada por el Ejecutivo local, que en su momento fue resistida por la Embajada de los Estados Unidos, privilegia a las empresas nacionales en las compras que realiza el Estado.
“Con esta medida vamos a beneficiar a las empresas nacionales en todo lo referente a las compras del Estado”, destacó, de hecho, Ibarra y explicó que “de esta manera agregamos un nuevo instrumento a nuestra política de apoyo concreto a las pequeñas empresas, que son las grandes creadoras de fuentes de trabajo y las promotoras del desarrollo económico”. En la misma línea, subrayó que “estamos aprovechando el poder de compra que posee la Ciudad para beneficio de la producción y el trabajo locales y nacionales con una notable distinción respecto a la ley impulsada por la Nación: privilegiamos a las empresas de capitales nacionales y las apoyamos frente a un proceso de extranjerización muy fuerte”.
En efecto, la ley de Compre Argentino vigente en el ámbito nacional considera que son empresas nacionales aquellas que reúnan los requisitos de fabricación local –o sea que produzcan en el país– por más que su capital sea internacional. La norma aprobada por la Legislatura porteña y reglamentada ahora por Ibarra reconoce, en cambio, como compañías nacionales a aquellas en las más del 50 por ciento de su capital sea propiedad de asociados radicados y con domicilio en la Argentina.
En el orden de prioridades que fija la ley porteña para las compras estatales aparecen primeras las micro y pequeñas empresas domiciliadas en la ciudad, seguidas por las demás firmas nacionales con domicilio en el distrito. En último lugar –detrás aun de las empresas nacionales de otros sitios del país– figuran las compañías extranjeras. Es por esa razón que el embajador norteamericano James Walsh, objetó en su momento la ley. En una carta dirigida a Ibarra, el diplomático le reclamó su “revisión” con el argumento de que las empresas de su país se sentían discriminadas.
Ibarra manifestó que “la crisis ha destruido muchos puestos de trabajo” y “resulta imprescindible contribuir a generar empleos genuinos”. También recalcó que “cada peso que el Estado invierte en promover la creación de nuevas empresas, en fortalecer a las existentes y reconvertir a las que se encuentran en dificultades, contribuye a generar puestos de trabajo, a sacar a hogares de la pobreza y a comenzar a revertir este escenario de crisis económica, disolución social y creciente inseguridad.
“Es el momento de apoyar a las pymes para comenzar a recuperar puestos de trabajo y recomponer el aparato productivo. La reapertura de la ex fábrica Ghelco hace algunos días o la reinauguración de la planta Caballito de Morixe Hnos., por ejemplo, revelan que las políticas de apoyo a las pymes son posibles y que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires asume el desafío de llevarlas a cabo”, destacó el secretario de Desarrollo Económico porteño, Eduardo Hecker.