Para los diplomáticos, alfombra roja. En este caso, la de la Corte Suprema. Así lo dispuso el juez federal Norberto Oyarbide, que ayer se declaró incompetente en la investigación sobre la responsabilidad de funcionarios en la importación irregular de autos de lujo con franquicias especiales que los liberan de impuestos. El magistrado tomó esa decisión después de recibir una nota de la Cancillería que precisaba que cerca de treinta de los ochenta representantes extranjeros señalados en el expediente mantienen status diplomático. Para ellos, que gozan de inmunidad, las leyes prevén que los investigue el alto tribunal. A los que ya no cumplen funciones en el país les cabe la Justicia común. El juzgado, por lo pronto, les mandó el caso completo a los jueces supremos, que tendrán que resolver si lo aceptan, lo rechazan o lo delegan.

La lista de los diplomáticos en actividad incluye a siete embajadores en funciones: los de Uruguay, Paraguay, Chile, Rusia, Pakistán, Marruecos y Cuba. También hay cónsules, vicecónsules y otros representantes de menor jerarquía. La resolución que firmó ayer Oyarbide dice que en la mayoría de las importaciones de autos analizadas “aparecen vinculados a los trámites funcionarios de Estados extranjeros con representación en nuestro país”. Esto abre la posibilidad, advierte, de que sean citados a declarar en algún momento y sometidos a medidas como “pruebas caligráficas, químicas y tasaciones”, entre otras. En este escenario se vería afectada, dice el juez, “la inmunidad” que les confieren “las convenciones de Viena de 1961 y 1963” y por eso corresponde girar el caso a la Corte.

En realidad, hay tres tipos de funcionarios investigados en esta causa: los diplomáticos en funciones, los que ya no están en el país, más los funcionarios de la Cancillería que firmaban las franquicias diplomáticas gestionadas desde embajadas o consulados y luego autorizaban la nacionalización de los vehículos (para habilitar su venta) en condiciones irregulares. Sólo para los primeros la Corte tiene “competencia originaria”, pero Oyarbide le mandó el expediente íntegro. En Tribunales, las apuestas vaticinan que el alto tribunal va a devolver la causa para que el juez discrimine caso por caso y diga quién puede ser responsable de qué. Es casi cantado que los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores terminarán en manos de la justicia ordinaria.

La Corte puede quedarse con todo, nada o parte de la instrucción. Tiene la opción de delegar la pesquisa en el juez, algo bastante factible, y sólo quedarse con la última palabra al momento de las definiciones. Los funcionarios que gozan de inmunidad no pierden esa prerrogativa por estar bajo la lupa suprema. El tribunal puede rastrear información que los comprometa o los deje cercados, pero no los puede citar sin antes pedir al país de origen que les suprima el beneficio que los ampara. Por lo general, no lo hacen sino que sacan al funcionario del cargo en el país donde está judicialmente comprometido.

El espíritu de la intervención del máximo tribunal apunta al resguardo de las relaciones con otras naciones, según señala un juez experto. Esto explica, en parte, por qué en la Cancillería ayer se escucharon comentarios de alivio cuando se conoció la decisión de Oyarbide. Venían horrorizados con la difusión de los nombres de los 15 embajadores que están bajo sospecha, lo que acarreó una chorrera de llamados y notas de protesta. Para calmar los ánimos, de hecho, la cartera entregó una circular al nuncio Adriano Bernardino, representante de la Santa Sede y decano de todo el cuerpo de embajadores, donde explica que la maniobra con las franquicias fue detectada por una auditoría interna, se hizo la denuncia, y el resto corre por cuenta de los jueces. La Cancillería pretende decir que, por sí misma, no implicó a ningún funcionario extranjero, pero su deber de colaborar con la Justicia.

La resolución de Oyarbide explica por qué se investiga a los diplomáticos. “Concretamente, los funcionarios deben firmar al menos una planilla dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores en la que se detalla el vehículo a ingresar y el destino, solicitando el despacho libre de derechos y servicios aduaneros”, explicó. También tienen que poner su firma en las notas que solicitan “por la vía de la excepción la nacionalización del vehículo”. Entre 2004 y 2007, afirmó el juez, las franquicias diplomáticas registradas fueron 960 casos. Sobre un muestreo de 98 que tomó la auditoría de la Cancillería, concluyó, “se observaron irregularidades en casi en el 80 por ciento, 78 casos”.