Diego Frías, Darío Neves y Martín Ceviranes, tres humildes trabajadores, sin antecedentes, llevan dos años y un mes en la cárcel de Devoto debido a una causa judicial por secuestro que, según todos los especialistas consultados por este diario, tiene un rotundo olor a armado policial. Lo más asombroso es que en los últimos once meses ningún tribunal quiso hacerse cargo del expediente y los jueces se vienen pasando la causa, unos a otros, desde marzo de 2007. El moño dramático lo terminó poniendo el Tribunal Oral Federal No 5 de San Martín. A fines del mes de diciembre dictó la libertad de los tres pero les puso como requisito una garantía personal de 200.000 pesos. Frías se presentó a sí mismo, a su madre y a un cuñado como garantes, pero al tratarse de una familia humilde, que en los últimos tiempos tuvo que vender todos sus bienes para sobrevivir, el tribunal de feria denegó la libertad por no cubrir el monto requerido. En otras palabras, la Justicia les dice que pueden salir de la cárcel, pero eso no se puede concretar por su pobreza. Esta semana, los familiares y vecinos de los tres detenidos realizarán una marcha de protesta frente al tribunal.

El encargado de la investigación, el oficial de la Policía Bonaerense Pablo Machicote, determinó que Frías, Neves y Ceviranes participaron del secuestro de dos personas a partir de un testimonio, el de una tal Graciela, vecina del barrio. Graciela se mudó y nunca pudo ser localizada. O sea que en ningún momento declaró en la Justicia. ¿Cómo llegó Machicote hasta Graciela? El oficial dice que a través de otra vecina, Elda Gamarra. Gamarra, sin embargo, declaró judicialmente que jamás le presentó una Graciela a Machicote. A esta historia le siguieron reconocimientos más que dudosos, testimonios oscuros, declaraciones de policías que se contradicen.

Lo curioso del caso Frías-Neves-Ceviranes es que hace más de un año fue detenida una persona más. Este sujeto, de frondoso prontuario, sí aparece seriamente comprometido con el secuestro ya que, por ejemplo, sus huellas digitales coinciden con las encontradas en el vehículo en el que estaban cautivos los dos secuestrados. Pero el individuo no tiene relación alguna con los que están presos ni la fiscal Rita Molina pudo encontrar vínculo de ningún tipo.

Por el otro lado, las huellas digitales encontradas en el vehículo que se usó en el secuestro no coinciden con las de los tres detenidos, ninguna escucha telefónica los incrimina, nada se encontró en los allanamientos y explicaron ante la fiscal dónde estaban aquella noche. Es más, Frías compró el 31 de diciembre de 2005 un par de zapatillas en Corner Deportes, por un total de 241 pesos. Para poder solventarlas sacó un crédito de Full Cred para pagar ese importe en seis cuotas. Sería una movida más que extraña de una persona que, si hubiera tenido relación con el secuestro, acababa de cobrar una parte del rescate de 5000 pesos unas horas antes.

La fiscal Molina y los jueces que actuaron en el expediente siempre dieron la misma respuesta: “que se defiendan en el juicio oral”. Los defensores insistieron una y otra vez en que la investigación debía ser reabierta, pero la contestación fue idéntica: “cualquier cosa debe sustanciarse en el juicio”. En marzo de 2007, el expediente llegó al Tribunal Oral Federal número 5 (TOF 5) de San Martín, integrado por los doctores Alfredo Ruiz Paz, Julio Reynoso y Marcelo Díaz Cabral. Los magistrados sostuvieron que al no tratarse de un secuestro de envergadura y que no ponía en riesgo la seguridad nacional correspondía que pasara a la justicia ordinaria de San Isidro, la jurisdicción en la que ocurrieron los hechos. El expediente viajó entonces hasta el Tribunal Oral número 1 de San Isidro, que integran los doctores Carlos Tarsia y María Elena Márquez. Los magistrados tardaron ocho meses para declararse incompetentes, o sea que nada se hizo en todo ese tiempo. Los jueces de San Isidro terminaron devolviendo la causa a San Martín y el TOF 5, a su vez, mandó el expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal resuelva quién se debe ocupar del juicio. Como es obvio, nadie sabe cuánto tardará la Corte en expedirse. Mientras tanto ya transcurrieron otros dos meses.

Los defensores de los detenidos, doctores Adrián Albor, Mariano Marcovechio y Atilio Neira, pidieron la libertad en razón de que los tres trabajadores llevaban ya dos años detenidos. El último día del año, antes de la feria, y después de recibir los resultados de los estudios socioambientales de las familias de los presos, los jueces finalmente les concedieron la libertad hasta el juicio. Sin embargo, fijaron dos condiciones:

- Una garantía personal para cada uno de 200.000 pesos. Eso significa que dos o tres personas debían firmar como garantes exhibiendo bienes que totalizaran ese valor.

- Los garantes debían presentarse tres veces por semana en el tribunal entre las 7.30 y las 13.30. Como es obvio, ese trámite no lo puede cumplir alguien que trabaja, por cuanto, además, la sede del Tribunal no es cercana ni a los domicilios ni a los trabajos de Frías, Neves y Ceviranes.

Los defensores de Frías, los abogados Albor y Marcovechio, presentaron como garantes a su madre, a un cuñado y al propio Frías, que volverá al aserradero donde trabajó durante años antes de ser detenido. El dueño del aserradero ya se lo adelantó al tribunal de San Isidro. La vivienda que habita la familia Frías no cubre ni de cerca la garantía requerida, más todavía si se considera que en los últimos dos años tuvieron que vender casi todo para mantenerse. Pero, además, la condición de que los garantes se presenten tres veces por semana limita hasta al propio Frías: es difícil que el aserradero le permita salir tres veces por semana entre las 7.30 y las 13.30.

El defensor de Neves, Neira, pedirá esta semana la libertad porque nadie puede estar preso debido a su pobreza. “Razones de índole económica han frustrado la libertad judicialmente resuelta –señala Neira–. Ya la Cámara de Casación ha dicho que aun cuando la caución esté fijada sobre la base de pautas que parecen razonables, si en los hechos el factor económico es insalvable, corresponde adecuar el monto de la fianza con la finalidad de no frustrar el derecho a la libertad. La Corte también señaló que la caución no debe implicar un castigo desigual a personas de escasos recursos económicos”, cita el abogado Neira.

En realidad, todos los defensores de los detenidos presentarán esta semana un pedido al TOF 5 para que ponga en libertad a Frías, Neves y Ceviranes bajo caución juratoria. Las familias de los detenidos y los vecinos del barrio acompañarán el pedido con una concentración de protesta frente al Tribunal. Los tres deberán ser juzgados y ello ocurrirá recién cuando la Corte se expida en una causa que fue irregular desde el principio, lleva ahora casi un año perdido porque los jueces no aceptan hacerse cargo y, para colmo, mantiene en la cárcel a trabajadores a los que se les concedió la libertad, pero no tienen dinero para exhibir.