Con cinco represores en el banquillo, más de noventa testigos y la ausencia casi confirmada del general Cristino Nicolaides, comenzará el martes en Corrientes el primer juicio oral y público del interior del país por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre los imputados, ex miembros del Regimiento de Infantería 9, sobresale el capitán (R) Juan Carlos Demarchi, un empresario ganadero que despierta simpatías en las familias patricias correntinas a quien sus camaradas bautizaron “El Electricista” por sus destrezas con la picana eléctrica. Serán juzgados por asociación ilícita, doce casos de secuestros agravados, vejaciones, apremios, tormentos y las desapariciones forzadas de Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda.

Además de Demarchi, interrogador en carácter de jefe de inteligencia del área militar 231, serán juzgados los coroneles Horacio Losito y Rafael Manuel Barreiro, y dos oficiales de Gendarmería: Carlos Roberto Piriz y Raúl Alfredo Reynoso. La situación de Nicolaides, condenado en diciembre a 25 años de prisión por cinco desapariciones, será resuelta mañana por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La información que tenían ayer los querellantes es que está internado en terapia intensiva en una clínica de Córdoba. Gracias a sus 82 años, el ex jefe del Ejército vivió el proceso en su prisión domiciliaria de Hilarión Plaza 3866, Cerro de las Rosas.

La causa del RI9 se reabrió a fines de 2003 con la presentación de familiares de Vicente Ayala, patrocinados por la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes. En 2004 se sumaron los familiares de Vargas y Artieda, vistos por última vez en cautiverio en el RI9. Si bien los casos se unificaron, la causa se desdobló y el caso Ayala no fue elevado. En octubre de 2004 el juez federal Carlos Soto Dávila ordenó las primeras detenciones, que conmocionaron a la alta sociedad correntina. Sobre todo por el caso Demarchi, próspero ganadero que llegó a presidir la Sociedad Rural local. Su colega en la entidad madre, Luciano Miguens, suele enviar “saludos a Pancho” cada vez que pisa la provincia.

La notoriedad de Demarchi y la imposibilidad de evitar el juicio también generó declaraciones eclesiásticas. En noviembre, el obispo correntino, monseñor Domingo Castagna, reivindicó la teoría de los dos demonios. El país “ha sufrido mucho por causa de la violencia subversiva y de la violencia represiva del poder ilegítimamente usado”, dijo. La lectura sobre el terrorismo de Estado “es parcializada y mentirosa” y da lugar a “conclusiones inadecuadas e injustas”, agregó. Días después, durante un homenaje a desaparecidos de Perugorría, el obispo de Goya, Ricardo Faifer pidió disculpas por “los hermanos católicos que no supieron interpretar el mensaje” cristiano durante la dictadura, palabras que los organismos locales interpretaron como un claro apoyo al proceso de justicia.

No sólo Demarchi hizo carrera. Los coroneles Barreiro y Losito estaban en actividad cuando fueron detenidos. El primero, destinado en el Regimiento de Monte Caseros. Losito era agregado militar en Italia. En 2003 el juez federal Carlos Skidelsky ordenó su detención por su actuación en la Masacre de Margarita Belén. La Cámara Federal de Resistencia lo liberó, pero allí culminó su aventura europea. Reynoso llegó a ser comandante de Gendarmería. Después descubrió la veta política. Fracasó como candidato a intendente de Orán, Salta, pero asumió como concejal, siempre por el Partido Renovador del capitán de navío Roberto Ulloa.

Excepto los gendarmes Reynoso y Piriz, presos en Marcos Paz, y Nicolaides, en su casa, los militares imputados estuvieron detenidos desde el primer día en la Base de Apoyo Logístico de Resistencia, servidos por sus pares. Recién en diciembre, cuando el prefecto Héctor Febres apareció envenenado en su dúplex del Tigre, fueron trasladados al Instituto Penal de Campo de Mayo. Desde el miércoles están alojados en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario chaqueño. A diferencia de los coroneles del Batallón de Inteligencia 601, que sólo asomaron la cabeza cuando no tuvieron otra alternativa, Demarchi & Cía. van a presenciar las audiencias.

Los jueces del TOF de Corrientes encargados de conducirlas y dictar sentencia son Víctor Alonso, Lucrecia Rojas Badaró y el conjuez Carlos Navarro. El último reemplaza a Vicente Constancio Espósito, quien debió excusarse porque fue juez federal durante la dictadura y las defensas de los imputados lo ofrecieron como testigo. Representarán al Ministerio Público el fiscal federal del Tribunal Oral de Chaco, Jorge Auat, el fiscal general federal correntino Germán Wiens Pinto, y el fiscal de primera instancia Flavio Ferrini, que actuó durante la instrucción.

Durante cuatro meses, ofrecidos por las defensas de los imputados, declarará medio centenar de militares retirados y capataces de estancia. Por las querellas darán testimonio más de 40 testigos, en su mayoría sobrevivientes del RI9. También la documentalista francesa Marie Monique Robin y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense que el año pasado identificaron a Rómulo Artieda, visto con vida por última vez en el RI9 y enterrado como NN en una fosa común del cementerio de Empedrado.