El ex oficial de inteligencia de la Policía Federal Luis Falco deberá enfrentar un pedido de condena a diecisiete años de prisión por la apropiación del legislador porteño Juan Cabandié, hijo de desaparecidos y nacido en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). El fiscal Carlos Rívolo acusó ayer al represor por los delitos de “retención y ocultamiento de un menor sustraído” y “alteración de su estado civil”. Cabandié había sido inscripto como hijo del matrimonio entre Falco y María Teresa Perrone con el nombre de Mariano Andrés. A principios de 2004, tras acercarse a las Abuelas de Plaza de Mayo, recuperó su identidad.

En noviembre de 2006, la Sala II de la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Falco que había ordenado el juez federal Canicoba Corral. Como el expediente se rige por el viejo Código de Procedimiento, el proceso es escrito y no oral. Por eso, ayer el fiscal Rívolo formuló su acusación. Afirmó que el ex policía “mantuvo a ese niño en su poder sin dar a conocer a sus verdaderos familiares esta situación” y que las pruebas recolectadas en la causa “permiten asegurar que se encuentra plenamente acreditada la imputación” en su contra.

A los 26 años, Cabandié se realizó un examen de ADN para despejar las dudas que tenía sobre su identidad. El análisis reveló que era hijo de Alicia Alfonsín y Damián Cabandié. Entonces, Falco aseguró que desconocía el origen del bebé y sostuvo que se trató de una adopción. Sus argumentos no convencieron a la Justicia. Para formular la acusación, Rívolo se basó en las pruebas reunidas en el sumario de la causa y afirmó que Falco sabía del origen del recién nacido.

Damián Abel Cabandié y Alicia Elena Alfonsín fueron secuestrados en noviembre de 1977, cuando tenían 19 y 16 años, respectivamente. Fueron llevados a los centros clandestinos El Banco y El Atlético hasta que, al mes siguiente, Alicia, embarazada de siete meses, fue enviada a la ESMA. En marzo de 1978, dio a luz a Juan en un parto en el que habría intervenido el médico naval Jorge Luis Magnacco y, tras veinte días de amamantamiento, fue entregado a sus apropiadores. En ese momento, el prefecto envenenado Héctor Febres estaba a cargo de las mujeres embarazadas, quien antes de separarlas de su hijo les preguntaba si querían enviarle una carta a su familia para contarles que estaba detenida y que cuidaran de su bebé. Esa noche Juan fue retirado por un suboficial a quien se conocía con el apodo de Pedro Bolita y luego fue apropiado por Falco.

“Ninguna persona puede ser privada de sus lazos familiares ni sacada de la tenencia legal de quienes tienen ese derecho sin mediar la orden de un juez”, aseveró Rívolo en su escrito y advirtió que “la costumbre de esos años fue la de mantener el silencio sobre el verdadero origen de esos chicos, así como el destino de sus padres desaparecidos”. Sin embargo, explicó que aunque “quebrar la ley, desconocer las instituciones, desvalijar al Estado, fuera lo usual, ello no genera derechos de ningún tipo ni eximen de responsabilidad”. Rívolo recordó, además, que Falco tenía relación amistosa con el subcomisario Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, quienes, según testimonios, compartían juegos con Juan Cabandié durante su niñez.