La investigación sobre las responsabilidades penales de los funcionarios y diplomáticos involucrados en el ingreso de autos de lujo importados con franquicias irregulares volverá a manos del juez federal Norberto Oyarbide. Así lo dictaminó ayer el procurador general de la Nación, Esteban Righi, que consideró que las pruebas existentes en la causa son aún “insuficientes” para determinar la participación de miembros del servicio exterior. Si bien el dictamen no es vinculante, la Corte Suprema de Justicia resolvería en el mismo sentido.

A fines de enero Oyarbide se declaró incompetente y envió el expediente a la Corte. El juez fundamentó su decisión en base al informe de auditoría interna de la Cancillería que daba cuenta de la importación y nacionalización irregular de autos ingresados entre 2004 y 2007. La investigación a su cargo incluía a diplomáticos en funciones, a los que ya abandonaron el país y a los funcionarios de Cancillería que firmaban las franquicias diplomáticas gestionadas desde embajadas o consulados y luego autorizaban la nacionalización de los vehículos en condiciones irregulares. Si bien la Constitución Nacional establece la competencia originaria del máximo tribunal sólo para los primeros, el juez elevó el expediente completo.

No bien lo recibió, la Corte lo giró a la Procuración para que dictaminara. “A mi juicio y tal como lo reconoce el juez federal –sostuvo Righi–, los elementos de prueba reunidos hasta el presente resultan insuficientes para determinar la eventual responsabilidad que pudiera caber a los aforados (en este caso diplomáticos) en la comisión de los hechos”.

El procurador evaluó que “los extremos invocados en apoyo de la incompetencia no alcanzan, a esta altura del proceso, para establecer si se trata de un caso de los que habilitan la jurisdicción originaria” del máximo tribunal. Agregó que la Corte, “como tribunal superior de la Justicia nacional, participa de la naturaleza excepcional y restringida que caracteriza la jurisdicción federal” por lo que, a su criterio “corresponde rechazar la declinatoria de competencia y devolver las actuaciones al juzgado de origen”.

Si, tal como se prevé, la Corte ratifica el criterio del procurador, el juez Oyarbide deberá profundizar la investigación. En caso de encontrar pruebas categóricas para imputar a diplomáticos en las irregularidades, puede volver a enviar esa parte del expediente al máximo tribunal.

La causa se inició con una denuncia presentada por la Cancillería ante la Justicia federal e involucra en principio a funcionarios y gestores comerciales que usufructúan el sistema de franquicias en beneficio propio. La investigación ya derivó en dos desplazamientos por parte del ministro Jorge Taiana. Como consecuencia directa del sumario interno fue echado el titular del Departamento de Franquicias, Automotores e IVA, Jorge Matas. El lunes siguió sus pasos su reemplazante, Eduardo Michel, por solicitar un “pronto despacho” al Registro de la Propiedad Automotor para obtener la cédula verde de un vehículo observado en el sumario interno. Michel admitió su “error”, pero su explicación no conformó al canciller Taiana.

Por otra parte, a partir de una denuncia de la Aduana, el juez en lo penal económico Jorge Brugo investiga el presunto delito de contrabando de los vehículos, que en su mayoría terminaron en manos de particulares, mayoritariamente millonarios y famosos como el futbolista Juan Sebastián Verón, el empresario Gustavo Mascardi y el folklorista Oscar “El Chaqueño” Palavecino. Brugo ya recibió varias computadoras que su antecesor Marcelo Aguinsky –juez de feria durante enero– había ordenado secuestrar en el Departamento de Franquicias de Cancillería, desde donde partían las autorizaciones para importar los autos VIP.