Crear una nueva licencia nacional para conducir, con criterios unificados para todo el país; establecer una “boleta” unificada de infracciones y poner en funcionamiento el Registro Unico de Antecedente de Tránsito; al conductor que cometa una infracción grave se le retiraría el registro para obligarlo a que, dentro de los 30 días, comparezca ante la autoridad competente. Estas medidas, entre otras, forman parte del proyecto de ley de seguridad vial que el Gobierno presentará al Congreso en los próximos días, según anunció ayer –acompañada de la mayoría de los gobernadores– la presidenta de la Nación. El proyecto incluye la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, como autoridad única, y “la implementación de un sistema de puntaje unificado para todo el país”. También establece el monitoreo satelital (GPS) de todos los camiones y ómnibus de larga distancia, para registrar los excesos de velocidad. Se implantarían controles automáticos de velocidad en los peajes, y, para los vehículos nuevos, se proponen implementos como el cinturón de seguridad con alarma, que suena si la persona no se lo pone. Desde este mismo año se implantaría la educación vial en las escuelas. Expertos en seguridad vial reaccionaron favorablemente. La Coalición Cívica, en cambio, advirtió que “ya desde 2006 rige un plan que estableció registros unificados de licencias e infracciones, y no se cumple”.

Las “Acciones 2008 del Plan Nacional de Seguridad Vial 2006-2009” se plasmarán en un proyecto para modificar la actual Ley de Tránsito, 24.449, que se presentará en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso nacional. Ayer fueron anunciados por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en presencia de todo el gabinete y de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Santiago del Estero, Salta, Río Negro, Corrientes, Formosa, San Juan, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, La Rioja, Tucumán y Mendoza (toda política de seguridad vial requiere adhesión de las provincias).

El objetivo declarado por el gobierno nacional es “disminuir el 50 por ciento de las muertes en los próximos cinco años”. Randazzo expresó el propósito de instituir, en materia de seguridad vial, “una política de Estado, que perdure con independencia de los tiempos de este gobierno”. El ministro citó una reciente encuesta según la cual “el 80 por ciento de los conductores cree que él mismo maneja muy bien; pero también llega al 80 por ciento la proporción de los que sostienen que los conductores, en general, manejan mal: esto expresa la cultura de que ‘la culpa la tiene el otro’”.

El proyecto incluirá la “creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, que “concentrará toda la autoridad en materia de seguridad vial. Será un organismo autárquico, con presupuesto propio” e incluirá “directorio, comité ejecutivo y comité consultivo”; en este último participarán ONG.

Un eje del proyecto es la instauración de una “nueva licencia nacional de conducir, unificada para todo el país”, que incluirá “medidas de seguridad con estándares internacionales”; estará sujeta a un “examen teórico-práctico con una metodología de evaluación con certificación de calidad”. Según comentó Randazzo, “es de locos que haya 2500 bocas de expendio de licencias; algunos municipios llegan a tramitarlas por Internet”.

La normativa propuesta requiere “el funcionamiento pleno del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (ReNaT), que ya existe pero no actúa efectivamente. Se lo define como “herramienta fundamental del sistema” para “informar sobre todas las actas, infracciones, infractores o inhabilitados en el país”. Si no, como ahora, “el conductor que cometió homicidio en una jurisdicción puede obtener licencia de conducir en otra”, señaló el ministro. La actuación del ReNaT permitiría implantar el “acta única de infracción: las actas estarán registradas en el ReNaT para su seguimiento”. Se establecería un “código de procedimiento de juzgamiento unificado”. Estas medidas “garantizan la aplicación de sanciones y la implementación de un sistema de puntaje unificado para todo el país”.

En cuanto a medidas de control, se propone un “sistema automatizado de control de velocidad” que incluirá “la radarización de rutas nacionales y autopistas”, mediante “radares homologados con función de control y no de recaudación”, puntualizó Randazzo. También se efectuará el “control automático de velocidad en las estaciones de peaje”, mediante aparatos que disciernen la velocidad de cada vehículo entre dos estaciones. Y “todos los vehículos de carga y transporte público contarán con sistema de monitoreo satelital (GPS), que permitirá detectar excesos de velocidad”. Se unificarían los “controles de alcoholemia, con alcoholímetros homologados, en todo el territorio nacional”. La verificación técnica vehicular (VTV) tendrá “reglamentación a nivel nacional”.

El proyecto propone una “nueva medida cautelar”, consistente en el “retiro de la licencia por 30 días” del conductor que sea interceptado por cometer infracciones graves: “exceso de velocidad, violación de semáforo en rojo, no uso de casco, conducir alcoholizado, circular en contramano, ausencia de constancia de revisión técnica obligatoria”. Se le entregará un acta que “habilitará a circular hasta la presentación en el juzgado”; la validez del acta será de 30 días, dentro de los cuales el conductor deberá comparecer ante el juez.

Se crearía un “observatorio vial”, entre cuyas funciones estaría la de requerir “mayor seguridad para vehículos nuevos”: ya está previsto solicitar “alerta sonora de cinturón de seguridad”, que se activa si, al arrancar el vehículo, el cinturón no está puesto; además, el “doble airbag” y los “frenos ABS, con sistema antibloqueo”. El observatorio elaboraría “un mapa accidentológico, con estadísticas confiables”.

El proyecto incluirá la “creación del Programa Federal de Educación Vial”, con “incorporación obligatoria de contenidos de educación vial en todos los niveles”, que empezaría “a partir de 2008”, aseguró Randazzo. Se ofrecería “capacitación a quienes deban tomar exámenes de conducción, a las fuerzas de seguridad, docentes y demás involucrados”, y se encararía una “campaña permanente de prevención por los medios de comunicación”.

Cristina Fernández de Kirchner advirtió que el proyecto “no implica la absorción de funciones de los municipios y las provincias”, sino “fijar reglas generales idénticas para todos”. Anunció también que “en junio, el Ministerio de Justicia incorporará 280 motocicletas especiales para patrullar las rutas nacionales. Para fin de año habrá 600, de una necesidad estimada en 1200”.

La Presidenta observó que “no basta el esfuerzo del sector público: entre los conductores de vehículos hay ciudadanos de todos los sectores sociales: cuando se intentó ejercer control en materia vial, tal vez se utilizaron métodos que no tenían consenso social, pero el hecho es que muchos suelen rechazar los controles y colocar en otros la responsabilidad”.

Por su parte, la Coalición Cívica (CC) objetó que “el Gobierno le ofrece a la sociedad un nuevo plan vial, cuando deberían estar ejecutados más de la mitad de los objetivos previstos en el anunciado en 2006, que estaba estipulado hasta 2009”. La agrupación opositora –que lidera Elisa Carrió–- señaló que el objetivo de aquel plan, no logrado, era “bajar un 20 por ciento la siniestralidad”, y anunció la presentación de un proyecto para que la Cámara de Diputados “cite a las autoridades responsables de aquel plan” para informar “si se han creado el registro unificado de licencias de conductor y el sistema unificado de gestión de infracciones de tránsito anunciados en 2006”.