Los querellantes en la causa Febres criticaron la decisión de la Cámara Federal de San Martín de revocar los procesamientos de los dos prefectos. Ayer, mientras esperaban una copia del fallo para resolver el modo en que apelarán la medida, vincularon la noticia con el perfil de la Cámara, a la que definieron como un cuerpo que históricamente “protegió a los represores”. Como abogado de la querella, Roberto Yanzón partió de lo que ha quedado establecido en primera instancia: “El fallo no desvirtúa el buen trabajo de la jueza federal Arroyo Salgado, que constató no sólo los privilegios que tenía Febres durante su detención sino también las irregularidades que cometió la Prefectura y las deficiencias en la tarea de control de las instituciones armadas sobre los imputados por violaciones a los derechos humanos”. Yanzón señaló, por otra parte, que el camarista Horacio Prack, uno de los firmantes del fallo, “fue fiscal de la dictadura”. La abogada Miryam Bregman, de Justicia Ya!, consideró que la resolución “es un mensaje de impunidad para que no se investigue el funcionamiento de los grupos de tareas en la Argentina. Hubo un grupo de tareas en la desaparición de Julio López y hubo un grupo de tareas en la muerte de Febres; la Cámara dice con su fallo que a los grupos de tareas no se los puede tocar”. Mario Fukman, sobreviviente de la ESMA, apuntó que en la causa están citados a indagatoria dos ex jefes de la Prefectura: “estos desprocesamientos”, advirtió, “les quitarán presión para declarar”.