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En un gesto que deja al desnudo la gravedad institucional que tiene el horrible asesinato de Ezequiel Demonty, el comisario Roberto Giacomino difundió ayer un comunicado. Sobre su firma, admitió que en las actuales circunstancias hacen “una condición muy compleja y difícil la de ser jefe de la Policía Federal, de la institución a la que pertenecen los responsables de este crimen”. En una postura inédita, nunca asumida por la Federal frente a los casos de “gatillo fácil” o de corrupción policial ocurridos en los últimos años, Giacomino consideró “una necesidad impostergable la de expresar públicamente el más profundo dolor y pesar por el incalificable crimen”. El jefe de la Federal sostuvo que sintió “gran indignación, mucha bronca y dolor”. Luego les expresó a los padres de Demonty, “en nombre de la institución”, que comparte “en forma vergonzante sus sentimientos” ante lo sucedido. Luego de señalar como “enemigos” y “traidores” a los policías involucrados, prometió “una muy severa autocrítica” y revisar “los controles” sobre el personal a su mando.
Hasta ayer, frente a cada caso de violencia policial –más allá de las circunstancias y de los jefes–, la actitud de la jefatura de la Federal fue siempre la del respaldo a sus hombres, en forma abierta o encubierta, tratando de justificar lo que sea y designando abogados adscriptos a la institución que se encargaron de descalificar o cuando no entorpecer las investigaciones judiciales. En algunos casos, como en el asesinato en diciembre de 1997 del joven Cristian Robles, hijo de un sargento de la Federal, la Jefatura ni siquiera presentó sus condolencias personales a la familia víctima. “Me mandaron un telegrama”, recordó a este diario el padre de la víctima. En ese entonces el jefe de la Federal era el comisario Baltasar García.
Ahora, en cambio, luego de decir que se ponía en el lugar “de un padre al que podría ocurrirle esto” –la única vez que dijo algo similar fue ante el asesinato del custodio del canciller Carlos Ruckauf–, Giacomino recordó su decisión de ordenar el “arresto inmediato” de los 12 policías acusados en la causa “sin aguardar los tiempos previstos para una investigación, sin que hubiesen elementos suficientes y sin que se cumplan las etapas judiciales necesarias para justificar una medida procesal”.
“Cruzaron la línea, se atrevieron a enfrentar a la comunidad y a la institución, se convirtieron en delincuentes, en nuestros enemigos, no merecen justificación alguna, nos traicionaron a todos”, dijo el titular de la fuerza. Ubicó lo sucedido dentro de los “hechos aberrantes” y aseguró que “estas no son actitudes o prácticas que se admiten o disimulan, el que las hace sabe que debe pagarlas ante la Justicia”. De todos modos, en un intento por salvaguardar a la institución como tal, aclaró que en el caso no corresponden “ni la teoría de la manzana podrida ni la de la violencia institucionalizada”, que en su opinión es “una rencorosa mentira”.
En un marco de frontal cuestionamiento al personal bajo su mando, Giacomino prometió “una muy severa autocrítica” que dijo estar decidido “a profundizar”. En ese sentido anunció “una exhaustiva revisión de todos los controles del personal policial tanto de los que ya están trabajando en las calles de la ciudad como en los que tienen que ver con la instrucción del personal”. Giacomino, que desde su asunción –en pleno cuestionamiento por los violentos sucesos que acompañaron la caída del ex presidente Fernando de la Rúa– ha mantenido un discurso duro reclamando más facultades para la policía (ver página 4), ahora miró hacia adentro y reconoció que la sociedad “necesita y demanda que de una vez por todas se destierre la arbitrariedad y la violencia que puedan observarse en sus instituciones”. Expresó por último su “deseo y convicción” en poder lograrlo.