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La Corte Suprema volvió al ataque. Ayer aprobó la designación de conjueces en las causas que están trabadas por no haber una mayoría de cinco votos, entre ellas una que está vinculada con la pesificación. “Algún piso judicial hay que dejarle al próximo presidente”, explicaban ayer funcionarios de las vocalías más proclives a apoyar un fallo que ordene la redolarización de los depósitos bancarios. Por ahora cuatro supremos estarían dispuestos a pronunciarse en ese sentido, pero evalúan distintas salidas, algunas más y otras menos traumáticas para el Gobierno, que posiblemente dependerán de lo que pase con el juicio político.
En el Gobierno apostaron días atrás a descomprimir los tironeos con la Corte al lanzar el nuevo plan de canje de depósitos por bonos, pero el alto tribunal se puso en guardia otra vez mientras su futuro sigue en suspenso. En la reunión plenaria de ayer los ministros decidieron instruir a los secretarios “para que adopten las medidas necesarias a fin de proceder a la designación de conjueces en todas aquellas causas que así lo requieran”. De manera poco usual, divulgaron esa decisión en un comunicado a través de su oficina de prensa. Aunque no aludieron a ningún expediente en particular, ya se sabe que el principal caso que está trabado es el reclamo de un ahorrista que pide mantener en moneda original un millón de dólares que tiene en el banco de Chubut.
Los jueces que se inclinan por la opción de invalidar la pesificación son Julio Nazareno, Adolfo Vázquez, Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López. Esa salida, que implicaría redolarizar los depósitos, es la que más aterra al Gobierno. Una alternativa de menor impacto que evalúa la Corte, si bien cuestionaría la pesificación, apuntaría a respaldar y promover la devolución de depósitos con bonos, como impulsa la administración de Eduardo Duhalde. Como sea, cuatro voluntades no alcanzan para resolver la cuestión. Augusto Belluscio y Carlos Fayt se opondrían, Antonio Boggiano cree que no hay por qué resolver el asunto ya mismo, mientras Gustavo Bossert y Enrique Petracchi se excusan por tener dinero en el corralito. Para reemplazar los votos de estos dos últimos y destrabar el expediente es que el tribunal resolvió convocar a los conjueces, que serán sorteados entre los presidentes de las cámaras federales de todo el país.
Si ninguno de esos titulares de cámara accediera –por distintas razones– a intervenir como conjuez, se podría buscar otros posibles conjueces entre el resto de los camaristas. Y en tercera instancia se recurriría a una lista de abogados con matrícula nacional designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La nueva nómina de juristas acaba de ser enviada a la Cámara alta e incluye al actual asesor gubernamental en seguridad León Arslanian, al ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, al titular de la Sigen Julio Comadira y al letrado Alberto García Lema, entre otros. Las posibilidades de que estos abogados sean convocados son escasas. Generalmente su actuación está reservada a cuestiones institucionales que afectan a todo el Poder Judicial como, por ejemplo, las remuneraciones de las funcionarios judiciales o sus jubilaciones.
En el grupo de supremos que cuestiona la pesificación quisieran resolver el expediente del caso de Chubut, que sentaría una jurisprudencia clave, lo antes posible. Incluso se animan a decir que la resolución saldría no más allá de noviembre.