El juez federal Sergio Torres terminó anteayer de tomar la primera tanda de declaraciones indagatorias a cuatro funcionarios sospechosos de haber favorecido al Grupo Greco a través de una “maniobra defraudatoria” para que recibiera un pago millonario del Estado. Tres de los imputados aún integrarían la planta permanente del Ministerio de Economía pero estarían sumariados: Yolanda Eggink, ex directora general de Asuntos Jurídicos (nombrada en ese cargo por Roberto Lavagna); Daniel Alberto García, ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados, y la abogada de ese área Beatriz Pernás. Se les suma Osvaldo Siseles, que este año decidió probar suerte como asesor del presidente del Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Apelbaum. Ellos, como abogados del servicio jurídico del Palacio de Hacienda, eran los encargados de apelar el fallo del juez Francisco de Asís Soto que ordenaba al Estado pagar al Grupo Greco cerca de 600 millones de pesos. Pero no lo hicieron. Según relataron allegados al expediente, al declarar en el juzgado trasladaron las responsabilidades hacia las líneas administrativas inferiores, sobre todo hacia quienes habían hecho informes críticos relativos al caso Greco. Al citarlos, el juez señaló que había elementos para presumir que pactaron con el holding mendocino. Después de la feria judicial resolverá si los procesa.