El juez de Familia de Bahía Blanca Jorge Eduardo Longas, que días atrás trató de obstruir el acceso a un aborto no punible a una adolescente con discapacidad mental que había sido violada, enfrentará un pedido de juicio político. La presentación la hará la madrina de la muchachita, la abogada María Fernanda Petersen, con el apoyo de organizaciones de mujeres. “El magistrado ha demostrado su desconocimiento del derecho vigente, de sus funciones y competencias. Por ello ha incurrido en la causal de destitución por mal desempeño de sus funciones”, dice el texto de la denuncia, que en los próximos días se elevará a la Comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense, que deberá decidir si la acepta y se le da curso al jury o la rechaza.

La presentación la hará la abogada junto a su hermana Agustina Petersen, quien tiene a su cargo la guarda de la adolescente de 18 años. La Justicia de Menores se la otorgó después de que saliera a la luz que la jovencita había sido abusada sexualmente y embarazada mientras vivía en el Patronato de la Infancia de Bahía Blanca, al ir a visitar a familiares, a pesar de que había advertido en ese ámbito que sufría hostigamiento sexual de parte de sus parientes. “Estamos preparando la presentación”, confirmó a este diario María Fernanda Petersen.

Tal como informó oportunamente PáginaI12, Longas ordenó suspender el aborto no punible que ya se había acordado en el Hospital Penna, de Bahía Blanca, siguiendo el Protocolo de Atención de esos casos establecido por una resolución del Ministerio de Salud de la provincia. Cuando la orden llegó al hospital a la muchacha ya le habían dado medicación para iniciar la práctica médica. El magistrado alegó que una pareja se había ofrecido a adoptar a la criatura en gestación. Pero los otros dos integrantes del Tribunal Unico de Familia de Bahía Blanca revocaron su resolución y dieron vía libre a la interrupción del embarazo.

En su intervención en el caso, el juez Longas “ha evidenciado su falta de idoneidad y desconocimiento del derecho vigente al intervenir innecesariamente, aun cuando no tenía competencia para hacerlo, en tanto juez de familia”, dice la demanda. “Peor aún, en detrimento de la protección de la salud, bienestar, integridad e intimidad de la niña, interfiere en el procedimiento médico, ya iniciado, poniendo en riesgo la salud y vida de la niña, haciendo caso omiso de los fallos de Corte (bonaerense) que sientan precedente en la materia y habilitando la intrusión de personas ajenas al interés de la niña, la pareja adoptante, con una acción violatoria del respeto por su intimidad”, continúa el pedido de jury.

No es el primer magistrado que enfrenta un pedido de juicio político por tratar de obstaculizar un aborto no punible. La jueza de Menores de La Plata Inés Siro también tuvo un pedido en su contra. Pero la Suprema Corte de la provincia, que hasta el año pasado era la que admitía o no los pedidos de jury, todavía no se expidió en ese caso. Siro fue la magistrada que en 2006 se opuso al aborto no punible de otra adolescente con discapacidad mental, conocida por sus iniciales LMR, embarazada víctima de un abuso sexual, de la localidad bonaerense de Guernica. Por las trabas que enfrentó la joven para acceder al aborto no punible en el sector público, la Argentina enfrenta hoy una demanda internacional en el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el marco de ese proceso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya admitió que en ese caso, con la intervención de la justicia, se violaron diversos derechos de LMR. Aquel pedido de jury lo presentaron las diputadas Diana Conti, del Frente para la Victoria, y Graciela Rosso, por entonces legisladora y actualmente intendenta de Luján.