Organizaciones de mujeres analizaron el texto del proyecto y encontraron algunos aspectos, a su entender, “preocupantes”, que podrían dar lugar a interpretaciones restrictivas e intervenciones judiciales que obstaculizarían nuevamente los casos no punibles. Ya hicieron llegar a los autores de la iniciativa sus puntos de vista.

Uno de los cuestionamientos es que el texto hable de “relaciones sexuales no consentidas” en lugar de violación o abuso sexual, como dice el Código Penal. Otro aspecto criticado es que no se exija una denuncia judicial en esos casos. Temen que los médicos con resistencias a llevar adelante los abortos no punibles pongan objeciones para aceptar la palabra de la mujer que reclama un aborto después de una relación sexual “no consentida”. “¿Quién define que una relación sexual es no consentida? Sabemos de la enorme dificultad para probarlo y puede ser un elemento que vuelva a favorecer interpretaciones restrictivas. Sería más adecuado que se exija una denuncia judicial o el informe de un hospital interviniente, donde consta en la historia clínica que fue atendida por haber sufrido una violación”, explicó una activista del movimiento de mujeres.

Otro aspecto objetado tiene que ver con el planteo de que para considerar no punible un aborto cuando corra riesgo la salud de la mujer, “el peligro, generado o agravado por el embarazo, debe ser inevitable por otros medios científicamente reconocidos”. “Estamos en la puerta de otra redacción ambigua. Hablar de inevitabilidad vuelve a generar interpretaciones. En los casos de aborto no punible, en lugar de tomar la interpretación más benigna, la Justicia y los médicos siempre han elegido la más restrictiva”, alertó la activista.