“La Guía de Atención Integral de los Abortos No Punibles es inobjetable y aborda el tema en todas sus dimensiones, la cuestión ética, la práctica médica y las leyes que la regulan. Cualquier proyecto que se base en ese documento, elaborado en el Ministerio de Salud de la Nación, está bien encaminado. Y que se convierta en ley será un paso muy importante”, opinó la médica Analía Messina, jefa del Servicio de Obstetricia del Hospital Alvarez, de la ciudad de Buenos Aires, sobre el proyecto que se empezaría a discutir en Diputados.

Messina y otros especialistas consultados por PáginaI12 destacaron la necesidad de que el Congreso legisle en el tema para que los médicos “no se sientan desamparados” al actuar en un caso de aborto no punible. “Muchas veces no es por ganas de obstaculizar la interrupción de un embarazo que se pide una autorización judicial, sino para sentirse con un respaldo. No se hace por maldad ni por cuestiones ideológicas, sucede que los médicos no estamos libres de que cualquier fundamentalista venga a hacernos un planteo legal”, agregó Messina.

“Es bueno clarificar el artículo 86 del Código Penal para limpiar las dudas”, añadió la médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM). “Todas las mujeres tienen que estar en igualdad de condiciones para acceder a un aborto cuando han sido violadas. Les preguntaría a los legisladores por qué puede interrumpir ese embarazo una mujer con discapacidad mental y no la que es mentalmente sana. Me parece muy bien clarificar el alcance del artículo 86. Hay bastantes dificultades entre los médicos para realizar el aborto cuando corre riesgo o peligro la vida de la mujer”, señaló la tocoginecóloga Diana Galimberti, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Sexual y Reproductiva.

También manifestó su apoyo a la sanción de una ley sin ambigüedades la médica Sandra Vázquez, coordinadora general del Servicio de Adolescencia del Hospital Argerich, miembro, a su vez, de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil. “Hay que darle claridad al tema. El sector salud debe cumplir con la ley sin recurrir a un juez. Con una ley ambigua lo único que se consigue es dilatar los plazos y eso perjudica a la población”, apuntó.