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¿Qué dice el proyecto de César, Di Tullio y Sylvestre Begnis? Coincide con los lineamientos de la Guía de Atención Integral de los Abortos No Punibles elaborada en el Ministerio de Salud de la Nación en 2007 en los finales de la gestión de Ginés González García. Puntualmente modifica el artículo 86 y lo redacta de la siguiente forma: “El aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:

1 “Si se ha realizado con el fin de evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer. El peligro, generado o agravado por el embarazo, debe ser inevitable por otros medios científicamente reconocidos.”

2 “Si la gestación fuere consecuencia de una relación sexual no consentida. En el caso de las menores e incapaces, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para realizar el aborto.”

3 “Si un tratamiento médico fuera necesario e irreemplazable y tuviera contraindicaciones en caso de mujeres embarazadas.” Este inciso podría llevar el nombre de Ana María Acevedo, la joven santafesina que murió después de que le negaran un aborto y un tratamiento para el cáncer por estar embarazada.

A partir de sugerencias recibidas en los últimos días, los autores ya han acordado incorporar en el debate en las comisiones los casos de anencefalia u otra malformación fetal incompatible con la vida extrauterina entre las causales de no punibilidad, según confirmó a este diario Sylvestre Begnis.

De aprobarse la iniciativa, será necesaria también una reglamentación. Se fija, en el mismo texto del proyecto, que debe estar terminada dentro de los 30 días de la promulgación de la ley. Para evitar un margen para interpretaciones restrictivas, se incluye un artículo, el cuarto, que define las pautas que deberá “respetar y receptar” la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo. Son las siguientes:

1 “El peligro para la vida o la salud de la madre deberá ser probado con la opinión de un profesional matriculado.” Es decir, ningún comité de bioética deberá expedirse. Bastará con la opinión de un solo médico.

2 “En todos los casos de aborto no punible, la mujer deberá brindar su consentimiento informado luego de recibir información en términos comprensibles según su nivel sociocultural.”

3 “Se debe establecer un plazo no mayor a los quince días corridos para concretar la interrupción del embarazo. Cuando existiera objeción de conciencia del profesional actuante o imposibilidad material de concretar la intervención, la máxima autoridad del centro asistencial será la responsable de encontrar un reemplazante, sea dentro de la misma institución o fuera de ella. En ningún caso podrá extenderse más allá del plazo establecido.”

4 “En ningún caso podrá exigirse denuncia penal para comprobar la relación sexual no consentida; tampoco se podrá exigir autorización judicial para efectuar el aborto, cuando se cumpla con alguno de los tres supuestos del artículo 86 del Código Penal.” Bastará la palabra de la mujer.

5 “Todas las obras sociales y prepagas deben brindar asistencia eficaz y gratuita a todas las mujeres que requieran una interrupción del embarazo en los casos mencionados. No sólo debe incluir la intervención concreta sino también todo el tratamiento psicológico previo y posterior al mismo.”

La propuesta de los diputados kirchneristas llegó al Congreso el 17 de septiembre, cuando todavía resonaba el drama de la nena mendocina de 12 años, embarazada víctima de una violación, a quien un hospital y un juez le pusieron trabas para abortar y finalmente decidió proseguir con la gestación, después de recibir fuertes presiones de grupos “pro vida” para que desistiera. Por esos días trascendía otro caso, el de una adolescente con discapacidad mental de la que habían abusado sexualmente en Bahía Blanca, que a pesar de que un juez quiso impedir que abortara finalmente pudo hacerlo en un hospital público. Por esa intervención, por fuera de la ley, en los próximos días el magistrado enfrentará un pedido de juicio político (ver aparte).

Los más optimistas apuestan a que el proyecto de aborto no punible, promovido desde el kirchnerismo, pueda debatirse en el recinto antes de fin de año.