Martes, 14 de octubre de 2008 | Hoy
EL PAíS › LA EXPERIENCIA DE BRASIL
“Nuestro programa es grande y tiene como diez años. Hace doce que contamos con la primera experiencia por parte de una ONG en el estado de Pernambuco, que luego el Ministerio de Justicia implementó en todo el Brasil y depende de la Secretaría de Derechos Humanos. Todos los candidatos que tengan los requisitos que marca la ley para su inclusión en el programa tienen derecho a la protección. Hay un programa federal para los estados que aún no tienen el suyo, y hay 19 programas en los estados, además de un programa de protección a los testigos especiales. Hoy tenemos 880 personas en la red nacional, ya hemos protegido más de 3500 personas y nunca le pasó nada a ninguno de nuestros testigos”, dice con cierto orgullo Nilda Turra Ferreira, coordinadora del Programa de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio de Derechos Humanos brasileño. Ya durante la dictadura militar la sociedad civil en Brasil protegía a cierta gente, a través de las ONG, la Iglesia y algunos organismos de derechos humanos. PáginaI12 le pregunta si trabajan con el cambio de identidad: “Son casos muy específicos, nuestra legislación habla de cambio de nombre completo. En el cambio de identidad uno tiene que cambiar desde sus años de escuela primaria, la historia de vida de uno. Los documentos se pueden cambiar, pero ¿cómo cambiar la propia experiencia profesional?”, contesta. “Tuvimos 20 casos de familias y grupos, pero trabajamos más con la reubicación, con capacitación judicial y cooperación interprovincial”, agrega. “Siempre digo que no quisiera ser testigo, porque ya es muy demandante, pero ser testigo protegido es más demandante aún”, opina la experta. En Brasil los testigos protegidos tienen que ver con casos de la “criminalidad organizada”, pero también hay de procesos por torturas y por los grupos de exterminio de adolescentes, parapoliciales y policiales. El programa se destina a testigos de crímenes cometidos por grupos “al menos suficientemente organizados para demandar la inclusión en un plan específico, cuando los medios tradicionales ya no pueden minimizar la amenaza, o el riesgo para la persona”, define Turra Ferreira. “Lo más importante es la matriz del riesgo, que en Brasil tiene que ver con el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, especialmente de niños para explotación sexual... Tenemos muchos casos de ejecuciones vinculados con estos crímenes.”
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