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- Leopoldo Moreau, precandidato presidencial del radicalismo: “Nadie espera un gesto de quien no tiene dignidad, pero la voluntad política del Congreso y de la sociedad es contundente. El presidente de la Corte Suprema de Justicia debe alejarse. Más allá de que no se alcanzó el objetivo, el juicio se transformó en el Nunca Más de la Justicia dependiente del poder. De ahora en adelante nada será igual. El radicalismo demostró que no tenía pactos de impunidad ni vacilaciones. Espero que alguien lo destaque”.
- Ricardo Monner Sans, abogado penalista: “Tengo una posición tomada desde 1993, cuando promoví un pedido de juicio político a la Corte Suprema por un autorrobo. Si bien tengo opinión diferenciada respecto a cada uno de sus integrantes, es muy claro que lo peor que le puede suceder a una persona que está sospechada de un cargo es que por el oblicuo camino del archivo del caso, se consagre una supuesta inocencia. Creo que el fin del juicio político marca otro momento del retroceso de aquello que en diciembre del 2001 había calado hondo. También está claro que supone el claro entendimiento de menemistas y duhaldistas juntamente con la incapacidad de los sectores que dicen encarnar el pensamiento progresista”.
- Juan Carlos Capurro, Comité de Acción Jurídica (integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos): “Lo que pone en relieve el rechazo al inicio del juicio político es la ausencia en Argentina de un Estado de derecho, porque las acusaciones contra todos los miembros ameritaban la apertura del proceso y que se investigase las graves acusaciones formuladas y las pruebas presentadas. Si hay acusaciones y pruebas de que lo ministros no aplicaron la Constitución y los tratados internacionales, debe haber juicio, si no se realiza vamos a un Estado sin derecho. El tribunal está acusado de rebajar el salario a los trabajadores, convalidar la política de privatizaciones que han sido tachadas de ilegales, ha mantenido el criterio de impunidad estable en las leyes de punto final, entre otras cosas. El Partido Justicialista y los partidos que por acción u omisión colaboraron con la finalización del proceso, convalidaron lo que hizo la Corte durante los últimos 15 años. Cerrar el juicio político es cerrar los juicios del gatillo fácil, es pretender olvidarse del juicio de la AMIA, es pretender que se consolide la impunidad. Creemos que el proceso se debe abrir, que se investigue y no que mediante una medida legislativa se archive todo”.
- Adolfo Rodríguez Saá, precandidato presidencial del justicialismo: “Lamentablemente, no se ha podido juzgar a la Corte Suprema: el acuerdo del Pacto de Olivos sigue funcionando en la Argentina, y nosotros vamos a luchar para terminar con este pacto y transitar un nuevo camino en la Argentina”.