Representantes de distintos organismos de derechos humanos –Abuelas de Plaza de Mayo, APDH, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, MEDH y Serpaj– se reunieron ayer con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para expresarle su preocupación por el desarrollo de los juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado y solicitaron que se elabore una estrategia estatal para agilizar los procesos que involucren al Poder Ejecutivo, el Consejo de la Magistratura, el Poder Legislativo y el Judicial. La semana pasada, integrantes de esas organizaciones le llevaron la misma inquietud a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer, la Corte informó que José Luis Mandalunis fue designado al frente de una Unidad de Superintendencia para seguir los juicios contra los represores. El mismo funcionario ya se ocupaba de este tema en una Unidad de Asistencia y Seguimiento de los expedientes sobre el terrorismo de Estado.