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- Hebe de Bonafini, titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo: “Los juicios son muy lentos, de eso cualquiera se da cuenta. Pero son lentos porque hay jueces de la dictadura. Magistrados que tienen sueldos espectaculares, no pagan impuestos y así y todo no hacen lo que deben. La dictadura fue cívico-militar y contó con esa complicidad de la Justicia que aún persiste en la dilatación actual de los juicios. Creo que la Justicia es totalmente responsable como dijo la Presidenta que se refirió con coherencia a todo lo que hicieron el gobierno de Néstor Kirchner y el actual por los derechos humanos y las políticas de la memoria. El y ella hicieron más de lo que esperábamos, en cambio la Corte no viene cumpliendo nuestras expectativas. Yo creo que falta vergüenza y autocrítica de una Justicia que perdió credibilidad y confianza. Argibay debería hablar más de todos esos jueces cómplices de la dictadura”.

- CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales: “La polémica generada a partir del cruce de opiniones entre la presidenta, Cristina Fernández, y la ministra de la Corte Suprema, Carmen Argibay, reimpulsa un debate de saludable madurez institucional sobre un tema de importancia central para la democracia argentina, como es la necesidad de avanzar en el juzgamiento de los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La polémica refleja, además, las ventajas de contar con una Corte independiente y legitimada. Es conveniente que los tres poderes del Estado trabajen en forma coordinada para buscar una solución. En esos lineamientos, en los últimos tiempos se han creado en el ámbito del Poder Ejecutivo, del Ministerio Público y de la Corte Suprema unidades encargadas de coordinar con los otros poderes. El desafío es redoblar los esfuerzos para que los objetivos planteados en su creación se concreten en resultados. La responsabilidad para avanzar es de todas las agencias del Estado, pero los obstáculos más graves que se registran responden a la actitud de resistencia pasiva de cierto sector del Poder Judicial. Numerosos magistrados dilatan los juicios o se niegan a darles la publicidad necesaria. Entonces, aunque son atendibles las observaciones de la jueza Argibay en relación con las necesidades de dicho poder, tienen también un peligroso sesgo corporativo al no admitir simultáneamente ninguno de estos graves problemas. Es esencial evitar que se prolongue esta sensación de impunidad, que actúa como un corrosivo de todas las instituciones democráticas”.

- Nora Cortiñas, miembro de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora: “Hace años que desde la Justicia y la Corte venimos escuchando que no tienen un presupuesto como para hacer un trabajo eficiente y con la operatividad necesaria. Yo separo a los jueces cómplices de la dictadura que no tienen ganas de hacer nada, de otros que nosotros conocemos y que trabajan a destajo, magistrados y fiscales que nos dicen la verdad cuando nos explican que carecen de los medios necesarios y que están desbordados al estar en más de un juicio a la vez. Entonces la culpa no es sólo de los jueces reaccionarios con claros lazos con el pasado dictatorial, el tema es que también están fallando los espacios físicos, la infraestructura necesaria, y la estructura de la Justicia en sí. Por eso el Ejecutivo tiene una gran oportunidad desde su lugar para colaborar con el objetivo de que los juicios sigan adelante y la Justicia avance rápido como estamos pidiendo. Si esto no ocurre, si esto no se hace, tenemos que pensar en cierta inoperancia. Por eso repito que los jueces reaccionarios y con relaciones con los represores son una parte del problema, pero también hay otros inconvenientes, jueces y fiscales que se sienten atiborrados de trabajo, a los que les dan todas las causas. En ese sentido, se debe poner énfasis en incorporar nuevos jueces, que generen una estructura confiable. El debate igualmente es positivo para pensar en las diferentes responsabilidades y roles”.

- Mabel Gutiérrez, referente de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones políticas: “Los organismos de derechos humanos firmamos un documento en el cual se pide que todos los sectores del Estado involucrados en los juicios por delitos de lesa humanidad se reúnan para definir los pasos a seguir. Le llevamos esa propuesta en forma de carta a la Presidenta e hicimos lo mismo con la Corte que dijo que iba a convocar a otros sectores. Nuestra idea es que cada Poder y sector cumpla sus funciones articuladamente con los otros en pos de lograr una política de Estado efectiva. Cada poder debe cumplir su función asignada, el Ejecutivo debe otorgar el presupuesto necesario a la Justicia y nombrar jueces. La Corte, por su parte, tiene un montón de atribuciones, entre ellas algunas como la que anunció Raúl Zaffaroni, el otro día en un seminario que organizamos, en el que explicó que la Corte puede redistribuir las causas que ahora están todas en el Tribunal Oral Federal número 5 y que van a incorporar tribunales federales, por ejemplo, de Ushuaia, de Catamarca, dado que tienen potestad para juzgar en todo el país. Pero también figuran otras medidas que no contaron con el apoyo del Ejecutivo como la iniciativa de creación de nuevos juzgados en el 2007 que fue ignorada desde el Ministerio de Justicia. Entonces lo que dijo la Presidenta no es real y ése es el sentido de esta respuesta de la Corte que dice: “Nosotros tenemos que hacer cosas, pero no todas nos corresponden a nosotros”. La realidad es que el aumento de magistrados existe, como dice el Gobierno, pero no es suficiente”.

- Guadalupe Godoy, abogada, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre: “Nosotros junto con otros organismos hicimos el planteo de que no hay una política de Estado respecto de los juicios. Un acuerdo estructural, en el cual el Gobierno presione en todos los ámbitos. La postura del Ejecutivo es simplista porque las culpas son generales y compartidas. Es cierto que si se tiene en cuenta lo que está haciendo Casación y la Corte el resultado no es positivo, pero el Gobierno también tiene sus responsabilidades. Nosotros planteamos tanto a la Corte y al Ejecutivo que no hemos visto hasta ahora ningún caso donde se aperciba y sancione a los jueces por causas que tengan que ver con delitos de lesa humanidad. Como respuesta el Ejecutivo plantea como excusa su minoría en el Consejo de la Magistratura, pero no dice que tiene mayoría en la nombradía de jueces. Además, la Presidenta dice que toda la responsabilidad es del Poder Judicial porque piensa que así no va a pagar los costos políticos. Pero el Ejecutivo debe continuar teniendo un rol activo para que la Justicia avance. Pero la Presidenta no se quiere hacer cargo de esa presión y de sus tareas principales: la apertura de los archivos y difundir los aportes judiciales de los pocos que se abrieron, que aún no los tenemos, además de la nombradía mencionada. Todo el mundo se pasa la pelota, pero nadie manifiesta una voluntad de articular en serio. Lo que está claro es que no hay voluntad política y por parte de la Corte no sólo no hay voluntad sino también que se muestra incómoda con los juicios, como también sucede en la estructura judicial”.

Informe: Tomás Forster.