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Opinión

Mientras que la oposición se apresuró a criticar la medida oficial anunciada ayer, señalando que la intención era seguir confrontando con la dirigencia rural, o que era el producto de “una política agropecuaria hecha a los ponchazos”, desde el punto de vista económico su impacto parecería orientado con un criterio totalmente ajeno a esas consideraciones: al sector productor de soja y a la exportación, la medida directamente los ignora. No es por ni para ellos.

La transformación de la recaudación por retenciones a la exportación de soja en un fondo federal solidario no es una medida de política agropecuaria. No le suma costos ni le agrega ingresos al sector. Es dinero que previamente el fisco había decidido captar, y lo seguirá haciendo sin modificar tasas ni alcances. En cambio, redistribuye sus gastos entre distintos niveles de administración pública: el nivel nacional cede el 30 por ciento de lo que reciba por ese concepto en favor de gobiernos provinciales (21 por ciento de las retenciones totales a la soja) y municipios (9 por ciento restante). Aquí está el eje de la política económica detrás de la medida: cambia la relación entre gobierno nacional y provincias. La dirigencia rural queda como espectadora. Lo cual, políticamente, no es un dato menor, aunque para la política económica siga siendo neutro.

Volviendo a la relación Nación-provincias. Según informó ayer la Presidenta de la Nación, la creación del Fondo y la transferencia del 30 por ciento supondrá un beneficio anual de 6520 millones de pesos para las provincias y municipios. El año pasado, el déficit consolidado de las administraciones provinciales osciló en torno de los 3000 millones de pesos. Es el primer año, tras la crisis de 2001/2002, que las provincias en conjunto presentan cuentas en rojo. Este año, producto de la crisis, se estimaba que el déficit global provincial pueda más que triplicar aquella cifra: podría llegar a 10 mil millones o más. Si se efectiviza la transferencia de 6500 millones provenientes de la soja, los números por ahí no cierran, pero el equilibrio estará más cerca.

De esos hipotéticos 6500 millones, si se cumpliera que las provincias le trasladen un 30 por ciento (1950 millones de pesos) a los municipios, le quedarán 4550 millones netos. Además, no serían de libre disponibilidad, sino que deberían aplicarlos a obras de infraestructura social. En cualquier caso, el alivio en las cuentas de cada administración será importante, máxime en un año donde son amplia mayoría los que dudan en cómo pagar los sueldos de sus agentes de aquí a fin de año.

Para el fisco nacional, el sacrificio es importante en cifras, pero no tanto en términos relativos. El año pasado, la Administración Nacional tuvo un superávit de algo más de 32 mil millones de pesos. Este año, de acuerdo a las proyecciones, estará bastante por debajo de esa cifra, pero todavía con saldo favorable, entre 15 y 20 mil millones de pesos. Aun transfiriendo los 6500 millones, seguirá teniendo saldo a favor.

Las cifras comparativas de Nación y provincias (consolidadas) también indican otra cosa: esta crisis le pega mucho más de lleno a las economías del interior que a la central, de la que se abastece principalmente la administración nacional. A diferencia de la crisis de 2001/2002, local, que impactó inicialmente en el sector financiero, luego en el consumo y finalmente en los sectores productivos, esta vez la correa de transmisión de la crisis, de origen externo, son las exportaciones. En consecuencia, sobre las economías productoras de bienes exportables es donde se recibe el primer y mayor impacto. Los ingresos de los fiscos provinciales son socios involuntarios en la recepción del mazazo.

Lo dispuesto ayer por el Ejecutivo nacional apunta, justamente, a compensar parcialmente ese impacto. Y evitar que los desequilibrios provinciales se conviertan en crisis social, si alguna provincia debiera dejar de pagar los sueldos, un escenario no tan lejano.

La transferencia de fondos es un primer impacto a favor de las provincias, pero el gobierno nacional aspira a un segundo efecto igualmente importante: el impulso reactivante que tendrá el mayor gasto público en las provincias. Globalmente, la medida no conlleva como consecuencia que haya mayor gasto público, porque lo que antes tenía para gastar la administración nacional, ahora lo usará la provincia o el municipio. Lo que cambia es la localización del gasto, y de ahí el impacto anticíclico buscado: direccionar el gasto hacia donde más se lo necesita, en las economías regionales.

La invocación de Cristina Kirchner a todos, cualquiera sea el nivel de responsabilidad en la administración pública, de comprometerse en la respuesta que se le dé a la crisis, tiene que ver con esa proyección política que ayer le dio al gasto. Le sacó a la Administración Nacional algo que por derecho propio le pertenece (el artículo 4 de la Constitución nacional establece que los derechos de exportación van a financiar gastos de la Nación) y lo reparte entre administradores provinciales y municipales. “Hasta ahora, las medidas habían sido dirigidas fundamentalmente a sectores privados o a mercados de la actividad privada”, señaló la Presidenta, destacando que esta vez el destino será el sector público. De allí la invocación a la responsabilidad en su uso, para actuar como paliativos a la crisis.

Esta vez, el instrumento se le confió a los administradores públicos, no a los bancos como en los planes de financiamiento anteriores, los que han mostrado algunas fallas severas de implementación. Administraciones públicas que, además de ser parte de las necesidades, están más cerca de las que recaen sobre su jurisdicción y la población que la habita. Productores agropecuarios, incluidos, los que también podrán decir, como los Decadentes, “el dinero no es todo, pero cómo ayuda”.