La legislatura porteña aprobó ayer la ley que permitirá ceder el edificio del ex Padelai, en el barrio de San Telmo, a una organización española para la construcción de un centro cultural. A la vez, la norma intenta resolver el problema habitacional de algunas de las familias que fueron desalojadas de ese predio, hace seis años. Ambos objetivos se lograron con la expropiación del predio –en rigor, el 70 por ciento de su superficie–, cuyo título de propiedad está en manos de una cooperativa de vivienda.

El gobierno porteño de Macri firmó el año pasado un acuerdo marco con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo para convertir ese edificio, hoy abandonado, en un megacentro cultural. Ese acuerdo prevé que la ciudad les ceda en comodato a los españoles, por 30 años, esa construcción histórica. Pero para eso debía destrabar la complicada madeja que envuelve la situación patrimonial del predio.

Es que en 1990, la ciudad le transfirió el 70 por ciento de la propiedad del edificio a la Cooperativa de Vivienda San Telmo Limitada, integrada por familias que ocupaban ese predio. Una serie de incumplimientos cruzados derivó en conflicto: según el Estado porteño, la cooperativa nunca pagó las cuotas de la hipoteca ni los impuestos municipales; para la cooperativa, fue la ciudad la que no cumplió con lo que tenía que aportar para avanzar con la construcción de viviendas.

El conflicto concluyó con el desalojo violento de los ocupantes, unas setenta familias que quedaban en el edificio, en 2003. Otro grupo había aceptado el subsidio que le entregó el gobierno porteño. Desde entonces, el inmueble está deshabitado: hoy sólo ingresan los alumnos de la Escuela Taller del Casco Histórico, que hacen en el edificio sus prácticas de restauración de mampostería.

El proyecto que se aprobó fue consensuado a último momento: la Coalición Cívica logró imponer el artículo que obliga al Ejecutivo a brindar una solución habitacional a las 239 familias que fueron alcanzadas por el desalojo de 2003. Así y todo, sólo lo aprobaron 33 legisladores, sobre un total de 48 presentes, mientras que 10 votaron en contra y cinco se abstuvieron. A favor, acompañaron al PRO los diputados de la Coalición Cívica y el socialismo. En contra votaron el ibarrismo, el telermanismo y la izquierda. El bloque kirchnerista se abstuvo.

Para los legisladores “no está clara la situación legal de la cooperativa”. “El Inaes (Instituto Nacional de Economía Social) le está haciendo un juicio porque en los últimos cinco años no funcionó como cooperativa y algunos socios denunciaron al titular porque se quedó con el poder sobre la propiedad”, dijo a Página/12 el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo. El responsable de la cooperativa es el abogado César Arias, hijo de quien fue ministro de Justicia de Carlos Menem.

El Banco Ciudad tasó el predio a expropiar en 12 millones de pesos. Pero ese dinero no irá a la cooperativa, sino que –según el texto– se hará un depósito judicial. “De ese dinero habrá que descontar la deuda que la cooperativa tiene con la ciudad por las cuotas del crédito hipotecario no pagadas y los impuestos adeudados”, explicó a este diario Enzo Pagani (PRO) y miembro de la Comisión de Vivienda.

De acuerdo con el texto aprobado, la ciudad tomará posesión del inmueble apenas se promulgue la ley, Entonces, estará en condiciones de firmar el convenio con los españoles, que luego deberá ser aprobado por dos tercios de los legisladores.