La Perla, el mayor centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en el interior del país durante la dictadura, fue habilitado ayer en Córdoba como Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. Frente a una multitud que se reunió para conmemorar el 33º aniversario del golpe de Estado, se reclamó “que todos los genocidas sean enjuiciados”, así como una mayor celeridad de los juicios en curso. El público podrá visitar La Perla a partir de abril dos veces por semana, aunque la sala de torturas estará vedada hasta que finalicen las pericias judiciales que aún se realizan allí.

“Por más genocidio que haya, la vida siempre supera a la muerte”, aseguró Emiliano Fessia, coordinador de la Comisión Provincial de la Memoria, que abrió el acto con su discurso. También miembro de HIJOS, que agrupa a los hijos de desaparecidos durante la dictadura, Fessia destacó la habilitación al público del predio donde funcionó el campo de exterminio por el que pasaron cerca de 2500 personas, de los que la mayoría continúa desaparecida, porque así se le daba “vida a un lugar en donde antes entraban los camiones de la muerte”. Entre las autoridades presentes en el acto estuvieron el vicegobernador, Héctor “Pichi” Campana; la coordinadora general del Archivo Nacional de la Memoria, Judith Said, y la fiscal federal de Córdoba, Graciela Filoñouk, una activa promotora de las causas contra los delitos de lesa humanidad.

Ornamentado el Patio de Armas con las fotos de los desaparecidos, el acto contó con la presencia de los sobrevivientes y organismos de derechos humanos, además de legisladores y gran cantidad de público. El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Raúl Sánchez, resaltó la “obligación y la responsabilidad del Estado nacional y provincial por proteger y promover la memoria” y destacó la decisión del ex presidente Néstor Kirchner de transferir el predio militar para utilizarlo como sitio de la memoria. También tomó la palabra Emilia D’Ambra, titular de la organización Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, e hizo hincapié en el reclamo a “los sectores del Poder Judicial que intentan poner trabas con recusaciones e incompetencia de jueces” para entorpecer los procesos judiciales a los represores.

Conocido también como “la Universidad” en la jerga castrense por su “avanzado” sistema de torturas, La Perla fue el centro de detención más importante fuera de Buenos Aires. Funcionó entre febrero de 1976, cuando todavía gobernaba Isabel Martínez de Perón, y septiembre de 1979. El centro de desaparición y torturas estaba a cargo del Tercer Cuerpo del Ejército, que comandaba Luciano Benjamín Menéndez, hoy condenado por delitos de lesa humanidad cometidos en Córdoba y Tucumán. El coronel César Anadón estuvo al mando directo de La Perla. Tenía cuatro edificios: dos utilizados por oficiales y suboficiales, otro como garaje y el restante destinado a alojar, torturar y exterminar a los secuestrados. Según testimonios de sobrevivientes, sobre la entrada a la sala de torturas un cartel señalaba: “Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos”.