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Los proyectos penales de la reforma a la actual ley de drogas incluyen un replanteo de la inteligencia previa para perseguir a los traficantes. Hasta ahora, se persigue al usuario como parte del eslabón de la enorme cadena que constituye el narcotráfico. La estrategia nunca dio resultados por lo que el Comité Científico buscará a partir de varias reformas, entre ellas la reforma de la ley 23.737, crear un marco legal e institucional más adecuado para capturar a medianos y grandes traficantes (y la red estatal que éstos corrompen). El objetivo es una nueva política criminal.

Entre los proyectos en danza está la ley de bienes incautados durante los procedimientos antinarcóticos. Según se lee en el cronograma, se tratará de establecer un mecanismo de incautación “eficaz para el control y la recuperación de activos y eliminación del incentivo económico de este tipo de ilícitos (fraudes, corrupción, etc.) y permitir el cruce de información útil a la investigación de estos hechos complejos”. Para llevarlo a cabo se sumará el diseño de un protocolo regional de estos bienes que incluirá al Mercosur y la Unasur.

Habrá otra ley, preparada en parte por la jueza Patricia Llerena, sobre el lavado de dinero. Provee una serie de mecanismos, basada en las auditorías y el cruce de datos de organismos públicos, para detectar la ganancia exorbitante de los narcotraficantes. También se reformulará el procedimiento y la metodología de la Unidad de Información Financiera y de la Agenda Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

El Ministerio de Justicia, protagonista de muchos de estos cambios, deberá promover la creación de un mecanismo administrativo para la persecución del tráfico, clasificando bienes, personas y empresas, de las que derive información útil. El mismo ministerio tendrá que profundizar el Registro Unico de Análisis del Narcotráfico (Ruan) para delinear nuevos mapas criminales: rutas, laboratorios y puntos de distribución. Tiene un plazo de 60 días para hacerlo.

La capacitación de los miembros de las fuerzas de seguridad también jugará un rol importante. Se establecerá un marco curricular obligatorio para quienes pretendan combatir el narcotráfico, esta iniciativa dependerá en gran parte del Consejo de Seguridad Interior. Otro objetivo para las fuerzas será, tal como se titula en el cronograma, “el establecimiento de mecanismos de prevención de la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad”. Habrá sanciones y un control externo.

Para lo último se dejará el reclamo de los usuarios no problemáticos: la reforma de la ley actual por la que se dejaría de penar la tenencia de drogas para uso personal. El fallo Arriola será determinante en el armado de este anteproyecto que en los próximos días se terminará de debatir en el Comité Científico.