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Las razones de un apoyo

Por Julio Raffo *

Desde hace más de quince años Pino Solanas y quienes lo acompañamos políticamente venimos bregando por una nueva ley para la radiodifusión argentina. No necesitamos tener un enfrentamiento coyuntural con el grupo Clarín para levantar y defender esta bandera, ni nos dejamos arrastrar nunca por el horizonte que beneficiara el negocio de las telefónicas, que participaron durante el menemato del saqueo del patrimonio nacional con la colaboración activa de los Parrilli y el silencio complaciente y cómplice de los gobernadores de entonces.

No fuimos ni funcionarios ni aplaudidores de Menem y sus secuaces.

No cargamos con el estigma de haber propiciado la prórroga ilegal e ilegítima de las licencias realizada mediante el Decreto 257 en las últimas horas del gobierno del presidente Kirchner.

Por todo ello, recibimos con alegría el que se propiciara la reforma de la ley vigente y apoyamos la decisión de la Presidenta de poner sobre el tapete una “propuesta” para esa reforma. Pero no nos sumamos al coro de “aplaudidores a libro cerrado”, muchos de los cuales ejercieron destacadamente esa actividad en los gobiernos de Carlitos, de Eduardo y de Néstor.

Leímos la propuesta e hicimos públicas nuestras críticas y, si bien el Gobierno hizo algunas correcciones menores, el proyecto que envió a la Cámara de Diputados mantuvo intactos los contenidos que desvirtuaban, en gran medida, los principios levantados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática; principios que, desde siempre, son también los nuestros.

Por eso, nos diferenciamos de los “aplaudidores a libro cerrado” (que actuaron algunos por error, otros por obediencia y otros por razones prebendarias) y expusimos las 25 razones por las cuales discrepábamos con el proyecto del Ejecutivo adelantando que no nos dejaríamos arrastrar al escenario maniqueo y tramposo según el cual “o se estaba con la ley de la dictadura y el monopolio Clarín”, o se debía estar dispuesto a apoyar “cualquier cosa”.

Estuvimos tan lejos de una como de otra posición extrema y malsana, porque esos escenarios además de ser tamposos les hacen daño al país, a sus instituciones y a la calidad de su legislación.

La oposición de derecha, con todos sus matices, cerró filas contra toda y cualquier reforma, con argumentos falsos para evitar un avance en este campo. Por su parte, el “bloque histórico K”, cuyo arco va desde Aldo Rico, Ramón Saadi y Oscar Parrilli hasta Hebe de Bonafini, no salió a la calle a exigir corrección ninguna. Algunos de ellos confiaban (¿confiaban?) en que los diputados del Pejota (que recientemente confesaron que aprueban las leyes que les mandan sin leerlas) irían, esta vez, a cumplir dignamente con su labor.

Nosotros no tuvimos esa confianza, y por ello exigimos que las reformas cruciales (que –según decían– serían aceptadas) el partido oficialista las hiciera suyas, las escribiera y las firmara en el dictamen de comisión que bajaría al plenario de la Cámara.

Y así fue. De nuestras 25 razones, el dictamen de mayoría incorporó 17 y, entre ellas, las que excluyó del negocio de las telefónicas, la picardía en las llamadas “reservas para las entidades sin fines de lucro”, el injustificado privilegio a la Iglesia Católica, la imposición de la Autoridad de Aplicación dependiente y controlada por el Ejecutivo, un Consejo Federal pintado, el desconocimiento al espacio radioeléctrico como “bien público”, el permitir que la autoridad de aplicación mire para lado frente a efectos de las emisiones en la salud de la gente (que algo importa), el que la cuota de pantalla en la TV fuese una ficción inaplicable, el permitir la discriminación por “opción sexual”, etc., etc.

Ante el compromiso formal que significó el incorporar la mayoría de nuestras propuestas al dictamen que sería tratado en el recinto, Proyecto Sur, mediante su diputado Claudio Lozano, sólo se incorporó a la sesión una vez que el oficialismo obtuvo el quórum, repudió el procedimiento prepotente que cercenó las posibilidades de un debate más amplio y votó “en general” a favor del mismo y, en el debate “en particular”, siguió bregando por mejorarlo.

Tengo la convicción de que, si nos hubiésemos sumado a los “aplaudidores a libro cerrado” el “no-importa-qué-pero-es-K” o a los “críticos en voz baja”, ninguna de esa reformas se habría introducido en la ley, porque el proyecto hubiese seguido estando bajo el control “devido”.

Por todo ello, hoy festejemos que el proyecto de ley se haya aprobado en Diputados con las principales modificaciones que propusimos. Es de esperar que sea aprobado por la Cámara de Senadores.

Insistimos mucho en el tema telefónicas porque estamos convencidos de que “el chorear no es progresista”.

* Legislador electo por Proyecto Sur.

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Por un debate sensato

Por Francisco Godinez Galay y Juan Pablo Alvarez *

La aprobación del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Cámara de Diputados está generando, desde los medios masivos de comunicación, diversas reacciones que desde nuestro lugar de especialistas queremos refutar.

Aclarando que tenemos más diferencias que similitudes con la forma de gobernar que tiene el kirchnerismo, queremos señalar que el proyecto sancionado por Diputados de ninguna manera atenta contra la libertad de expresión. Esta es una idea que se pretende instalar desde los medios masivos, y es comprensible si pensamos que esta ley irá contra sus intereses, que no son los del derecho a la comunicación y la libertad de expresión, sino los de concentración y ganancia económica.

La ley planteada, muy lejos de coartar la libertad de expresión, propone la posibilidad de que haya distintas voces y puntos de vista y no que, como ahora, la mayoría pertenezca a los mismos conglomerados empresarios. Y eso no va contra la libertad de expresión. Nosotros preferimos creer que en donde hoy hay un canal de cable perteneciente a un grupo, puede haber un canal que piense distinto que ese grupo, que ya posee un canal de aire para pensar como quiera. Eso es verdadera libertad de expresión y, sobre todo, mayor pluralidad para el público a la hora de elegir y de formar su propia opinión sobre los asuntos de la realidad.

Si bien a esta ley le falta mucho para garantizar el desarrollo de los medios comunitarios –que a nuestro entender son imprescindibles para una comunicación democrática–, esto no significa que sea una Ley Mordaza o que no sea mejor que la actual vigente. Nadie le va a quitar a ningún canal la posibilidad de opinar con su línea editorial. Lo que se pretende es que en lugar de tener diez canales donde decir lo mismo, haya diez miradas distintas sobre lo que ocurre en la realidad.

También nos parece peligroso el manto de sospechas que se está ciñendo sobre el centroizquierda que votó favorablemente el proyecto. Lejos de lo que dicen los grupos empresarios afectados, la opinión de estos diputados no pasó de una completa oposición a una adhesión entusiasta, de la noche a la mañana y sin que mediara ninguna modificación en la ley. Y lo peor es que estos grupos saben que no es así, pero su público no. Los bloques del centroizquierda plantearon desde el comienzo del debate que adherían a numerosos puntos de la ley, pero que existían cuestiones centrales que no se podía aceptar: el ingreso de las telefónicas y la conformación reducida de la autoridad de aplicación. Se produjo la modificación, entre muchas otras, de ambos puntos. Se restringió el acceso de las telefónicas y la autoridad de aplicación se hizo más federal y plural. Es decir, los diputados de centroizquierda, de una situación inicial de rechazo parcial al proyecto debido a cuestiones esenciales, pero puntuales, decidieron respaldar el proyecto al haberse modificado esos artículos atendiendo sus reclamos. Lo cual tampoco quiere decir que la ley no sea perfectible. Más allá del acierto o el error en la decisión política, ¿no debería funcionar así siempre el Parlamento?, ¿no se trata acaso de debatir las leyes, proponer modificaciones, aportar y votar en función de si se está de acuerdo con la ley en cuestión o no? ¿o la única política posible, según estos grupos, es la alineación u oposición automática? Ni votar una ley hace kirchnerista a nadie ni votarla en contra lo hace opositor.

No nos interesa tanto defender a los diputados en cuestión, y mucho menos defender su decisión. Esa es otra discusión. Lo que sí nos interesa es defender la política como espacio público de debate, en el que se confronten ideologías, modelos económicos, políticos y culturales, de manera racional y sensata, con el objetivo de construir políticas públicas honestas y democráticas que se diriman como el resultado de esos debates ideológicos y no de mezquinas tácticas y estrategias electoralistas o de poder. Lamentablemente, consideramos que el mensaje ofrecido (tanto desde los medios masivos, como desde la oposición que se opone por mera estrategia de conformación de alianzas, y desde el oficialismo que hace de la lealtad entendida como aceptación de lo bueno, de lo malo y de lo muy malo su única dinámica posible) desvirtúa la política y, por lo tanto, vacía a las instituciones. Y si se vacían las instituciones, la democracia pasa a ser una mera formalidad.

* Centro de Producciones Radiofónicas.