Esta semana, cuando la presidente CFK promulgue la ley que despenalizó las calumnias e injurias en casos de interés público, perderán sustento las querellas que el director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, inició contra los periodistas de Clarín Ricardo Kirschbaum y Daniel Santoro y contra los directivos de La Nación Bartolomé Mitre y Julio Saguier. Todos ellos cuestionaron al agente por la investigación del atentado contra la AMIA, en base a un informe del comisario Fino Palacios, que contenía un dato inexacto. Cuando esto quedó claro, quien terminó procesado por encubrimiento de aquel atentado fue Palacios. Stiuso dijo que los textos que lo afectan también “enlodan a la Secretaría de Inteligencia, a todos sus integrantes y a sus máximas autoridades”, lo cual prueba que su propósito era silenciar la crítica al modo en que se ejerce el poder. La decisión de la presidente CFK de cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel acaba con ese abuso. Es asombroso que los directos beneficiarios de la despenalización no se hayan tomado el trabajo de leer la ley y sostengan que consagra el principio de la real malicia. La nueva ley argentina es más generosa que esa norma estadounidense: cuando se trate de un tema de interés público ni siquiera deberá admitirse el mero trámite de la querella.