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- El Consejo de la Magistratura, fruto del Pacto de Olivos, comenzó a funcionar en 1999, con 20 integrantes. Eran ocho legisladores (no sólo de la primera y segunda fuerzas parlamentarias sino también de la tercera); un representante del Poder Ejecutivo; cuatro jueces más el presidente de la Corte, a su vez cabeza del Consejo, cuatro abogados y dos académicos. El sistema reemplazó a los nombramientos a dedo, furor en el menemismo.

- La reforma que impulsó el kirchnerismo en 2006 lo redujo a 13 consejeros. Hay preeminencia de políticos. Son seis legisladores (cuatro del oficialismo, dos del radicalismo), un delegado del Ejecutivo, tres jueces, dos abogados y un académico. Dejó de presidirlo e integrarlo el titular de la Corte Suprema.

- Hay más de diez proyectos en discusión para volver a modificar el organismo, casi todos impulsados por la oposición, que puso el tema en la agenda. La mayoría apunta a alterar el número de integrantes, con el argumento de que se ha perdido el “equilibrio” entre los sectores representados, y a desbaratar la capacidad de bloqueo con que cuenta el oficialismo para elegir y acusar a jueces. La corporación judicial intenta a toda costa recuperar poder en el organismo, al menos con la vuelta de un juez supremo.

- La pelea de fondo pasa por quién consigue más poder para nombrar y sancionar a los jueces.