Por primera vez desde noviembre de 2006, los integrantes de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú evalúan levantar el corte de ruta que mantienen desde hace más de tres años en Arroyo Verde. A última hora del domingo y reunidos en asamblea, propusieron someter a votación mañana la flexibilización de la medida por un lapso de sesenta días, a cambio de exigir que se cumplan ciertos requisitos relacionados con el control ambiental conjunto con el Uruguay de la pastera UPM (ex Botnia). En la propuesta, incluirán el pedido de que el Gobierno retire la querella contra algunos integrantes del colectivo ambientalista, presentada la semana pasada. En parte como respuesta a la embestida judicial que impulsa el Ejecutivo, los asambleístas decidieron ampliar la convocatoria para que la mayoría de la ciudadanía pueda sentar posición sobre la continuidad de la medida. “No queremos que nos echen la culpa de que por capricho de la gente de Gualeguaychú el bloqueo sirva como excusa para no monitorear la planta”, aseguró el ambientalista José Pouler.

Aunque algunos integrantes del espacio se encargaron de aclarar que la votación de mañana no significa “el inmediato levantamiento del corte”, el Club Frigorífico será el escenario de una reunión cuyo objetivo hubiera sido impensable una semana atrás, cuando la postura de los asambleístas estaba cada vez más radicalizada. El temor a la escalada judicial que persigue que respondan de manera individual ante la Justicia por una catarata de delitos obligó a que los ambientalistas modificaran su estrategia para poder negociar. Según pudo saber Página/12, la intención de los impulsores de la moción –el grupo más moderado dentro de los activistas– será la de devolver el conflicto con la planta de celulosa al campo político y a la relación bilateral entre los gobiernos argentino y uruguayo. “No queremos que por nuestra tozudez” Uruguay ponga como excusa el piquete “para no permitir el monitoreo”, aclaró Pouler. “Tenemos que tener un gesto para que el Gobierno no se deje avasallar”, concluyó.

Se da por descontado que la exigencia principal del pedido que elevarán a las autoridades para levantar el bloqueo será el de realizar un monitoreo conjunto del río Uruguay y de la planta UPM, desde adentro, para poder “controlar” la operatoria, y –a su criterio– comprobar la contaminación que de ella se desprende. Otro de los requisitos que incluirán en la moción será que el Ejecutivo desestime formar parte de la querella contra al menos diez de sus referentes. La aplicación del Código Aduanero para evitar que sustancias tóxicas sean trasladadas por agua y por tierra hacia la pastera es otra de las propuestas que pondrán como condición para flexibilizar la medida en Arroyo Verde. El abogado de la asamblea, Luis Leissa, tampoco descartó que se exija que los directivos de la planta comparezcan ante el juzgado de Concepción del Uruguay que los investiga por la supuesta comisión del delito de contaminación contra la Argentina. Salvo que se decida ir a un cuarto intermedio, es posible que mañana pueda llegar a definirse que si el Gobierno se compromete a trasladarles los reclamos de los ambientalistas al Uruguay, el bloqueo se transforme en una vigilia a la vera de la ruta al menos por dos meses.

Informe: G. M.