La Asociación de Magistrados de la Nación, entidad que agrupa a los jueces, pidió ayer al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, que “no propicie linchamientos mediáticos”.

La organización de los jueces salió en defensa de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal, a quienes Macri tildó de comprados por el gobierno nacional, pese a que no pudo dar mayores explicaciones.

“Las recientes declaraciones públicas del señor jefe de Gobierno y otros miembros de su administración tornan imprescindible para esta Asociación recordar, en el marco del respeto irrestricto de las instituciones y sin soslayar el derecho de los ciudadanos a discrepar con las decisiones judiciales y de opinar a su respecto, que los fundados reproches que pudieran merecer deben ser canalizados a través de los remedios procesales pertinentes”, dice el comunicado.

El texto lleva la firma del presidente de la entidad, Ricardo Recondo, y del secretario general, Ramón Alvarez Bangueses. “El estado de derecho y el orden republicano requieren que no se propicien linchamientos mediáticos, estableciendo los mecanismos por medio de los cuales se deben analizar y juzgar las eventuales inconductas, sancionándolas sólo si son adecuadamente comprobadas. Las imputaciones relativas a la conducta de los magistrados deben llevarse adelante por los carriles constitucionalmente previstos para ello”, sostuvo la Asociación, que ha protagonizado duros enfrentamientos con el Ejecutivo nacional.

El jefe de Gobierno dijo que Farah “fue puesto por el operador judicial estrella del kirchnerismo para este tipo de cosas, Javier Fernández”, pero no encontró explicación para el voto de Freiler y Ballestero. La acusación contra ellos fue, entonces, aún peor: “Lamentablemente habrá que preguntarse qué cosas tan malas habrán hecho estos camaristas y qué los ha llevado a adherir a un mamarracho jurídico como éste, en el que no hay una sola prueba”. O sea que votaron la confirmación del procesamiento porque cometieron algún delito o acto de corrupción anterior que –supuestamente para que no salga a la luz– los llevó a ratificar la acusación contra el jefe de Gobierno.