La jueza contravencional María Cristina Nazar rechazó un pedido de desalojo que le hicieron los fiscales macristas. Nazar fue la tercera juez de la ciudad que intervino en la toma de Villa Soldati. Temprano, Roberto Andrés Gallardo, del fuero Contencioso, ordenó un “operativo de pacificación” en el Parque Indoamericano, pero el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le respondió que no tenía recursos para ejecutarlo y apeló la medida. Luego la causa recayó en el juzgado de Elena Liberatori, que convocó a una mesa de diálogo, en la que le reclamó al gobierno porteño que cumpla con la ayuda humanitaria y garantice “la inmediata presencia estatal” en la zona. Por la noche, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) le quitó la causa y se la envió a Nazar, quien ahora deberá resolver en todo lo relativo a la ocupación del Parque Indoamericano.

Ante la tercera muerte, el miércoles a la madrugada a Gallardo le llegó un nuevo pedido de una medida cautelar. Lo hicieron la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el cura villero Pepe Di Paola; la legisladora de la Coalición Cívica Rocío Sánchez Andía y el asesor tutelar Gustavo Moreno. Todos denunciaron que el gobierno porteño “ha incumplido la medida cautelar ordenada en la que se dispuso la provisión de agua, baños químicos, provisiones alimentarias y dos ambulancias” a los ocupantes. El miércoles, la ministra de Desa-rrollo Social, María Eugenia Vidal, había asegurado que se estaban distribuyendo, pero Macri había dicho que no.

Los denunciantes también advirtieron que “el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gobierno han efectuado ante la prensa discursos violentos y xenófobos que exacerbaron a los habitantes” y que “ninguna fuerza de seguridad se encuentra en la zona para detener el conflicto” en el Parque Indoamericano, donde hay mujeres y niños por “la omisión de los poderes ejecutivos”.

A raíz de esta presentación, Gallardo dictó una medida cautelar en la que declaró “judicialmente el estado de emergencia” en la zona y solicitó al gobierno nacional que haga “un operativo de pacificación”, con un perímetro que impidiera nuevos choques. El jefe de Gabinete salió a responder que la medida es “de cumplimiento imposible”. El funcionario sostuvo que debería desproteger al resto de la Capital para cumplir el fallo y anunció que lo iban a apelar. “Ni locos estamos dispuestos a dejar a la ciudad desprotegida”, afirmó Fernández.

El expediente pasó del juzgado de Gallardo al de Elena Liberatori, que creó un comité de crisis. Ella tuvo un encuentro con Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el cura Pepe y representantes del Observatorio de Derechos Humanos, de ACIJ y del CELS. Luego de la reunión, emitieron un documento en el que pidieron “la inmediata presencia estatal a fin de garantizar la vida y la integridad física de los habitantes del predio, destacando la responsabilidad personal que les cabe a todos los funcionarios”. También reclamaron al gobierno porteño que se envíen las provisiones alimentarias, los baños y el agua. Y exigieron a la gestión PRO que “convoque a una mesa de diálogo de manera urgente, que involucre a los afectados por el conflicto”. Recordaron que ya los exhortaron a dialogar la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini; la titular de la Auditoría General de la Ciudad, Sandra Bergenfeld, y la Iglesia Católica. Por la noche, Liberatori resolvió armar una nueva mesa de diálogo y ratificó que se debían enviar fuerzas de seguridad a la zona, pero el TSJ resolvió un conflicto de competencias y le envió todos los expedientes a Nazar, la jueza que ordenó el primer desalojo a pedido de la gestión PRO.

Durante el día, y en paralelo, Nazar también convocó a una mesa de diálogo, a la que citó al defensor general Mario Kestelboim, a la titular de los asesores tutelares, Laura Musa, y a los ministros de Justicia, Guillermo Montenegro; de Espacio Público, Diego Santilli, y de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal. En la audiencia, Montenegro aseguró una y otra vez que la Metropolitana no está en condiciones de hacer el desalojo. La asesoría tutelar solicitó que retiraran a los niños de la zona y Montenegro admitió que eso tampoco lo podían hacer.

En tanto, la defensoría general planteó la nulidad de lo actuado porque no se había identificado a los autores del delito de usurpación, pero la jueza rechazó el planteo. Por orden del titular del fiscal general Germán Garavano, afín al PRO, el fiscal Cristian Longobardi volvió a pedir a la jueza que ordene el desalojo del predio de inmediato. Su Señoría les rechazó el pedido. Consideró que se debe cumplir con el protocolo previo, que implica un censo, la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes y del SAME, además de una evaluación de la salida habitacional para las familias.