Con las condenas a Videla y Luciano Menéndez y con las absoluciones pronunciadas en Córdoba llegan a 41 los debates de juicio concluidos desde que se reabrieron los procesos. Sólo el 10 por ciento de los 1656 imputados ha recibido condena. Pero además de esos 166 condenados, hay otros 389 detenidos bajo proceso, hasta llegar a un total de 555. Permanecen en libertad 807, hay 37 prófugos y 257 murieron antes de la sentencia, según los cálculos del CELS. En 2010 la Cámara de Diputados votó por unanimidad (cosa excepcional dada la fuerte polarización existente) una declaración en la que llamó a la política de memoria y justicia “una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”. Y la Corte Suprema de Justicia declaró que los juicios por crímenes de lesa humanidad “no dependen de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté” sino que forman parte “del contrato social de los argentinos”. Este año la actividad judicial por esos crímenes se extendió a Santa Fe, Salta, la Capital Federal, Córdoba, Rosario, San Martín, Mar del Plata, Tucumán, La Rioja, La Plata, Santiago del Estero, Mendoza, San Rafael y La Pampa. Sin embargo, sólo ocho sentencias han sido confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal y apenas tres por la Corte Suprema de Justicia, en los casos de Julio Simón, Miguel Etchecolatz y el sacerdote católico Christian von Wernich. Si todo siguiera a este ritmo, cansino a pesar de su aceleración reciente, la proporción de muertos antes de la sentencia en relación a los condenados, que hoy es de 1,55, no cesaría de crecer. Y otro tanto pasaría entre las víctimas y sus familiares.