Jueves, 6 de enero de 2011 | Hoy
Tras el llamado Robo del Siglo, al Banco Río, de Acassuso, la entidad pagó una indemnización que rondó los 19 millones de dólares. Del botín sólo se rescataron unos dos millones.En el de Crédito y el Macro ocurrió lo mismo. Policías y agentes de la SIDE implicados.
Por Raúl Kollmann
Nadie lo quiso confirmar nunca, los protagonistas silban bajito, pero las informaciones coincidentes –judiciales y bancarias– indican que por el llamado Robo del Siglo, al Banco Río de Acassuso, el 13 de enero de 2006, se pagaron 19 millones de dólares de indemnizaciones. Ni los inquilinos de las cajas ni el banco quisieron juicios. Casi todo terminó en acuerdos y la suma de los acuerdos habría sido ésa: 19 millones de dólares. Eso significa que el botín de las 145 cajas violentadas rondó esa cifra o bastante más.
Según la Justicia, el caso fue esclarecido y la banda –encabezada por el uruguayo Mario Vitette Sellanes, el hombre del traje gris– terminó en prisión. Sin embargo, del total del botín apenas se recuperó el diez por ciento. A Gastón, el hijo del principal cómplice de Vitette, Alberto “El Beto” De la Torre, le encontraron en la casa 958.000 dólares, 30.000 euros y 81.000 pesos. Una parejita que salía de esa vivienda en el momento en que llegó la policía llevaba en un coche de bebé otros 158.000 dólares. En una caja empotrada en el mismo departamento de Gastón descubrieron 75.000 dólares y en una caja de seguridad que Gastón tenía en el Banco Provincia de Plaza Once, otros 55.000 dólares. Como se verá, el total de lo encontrado no suma más que el diez por ciento del botín.
Después de los juicios en los que todos los integrantes de la banda –salvo, curiosamente, Gastón De la Torre– fueron condenados a penas que van de los nueve a los 14 años de prisión, este cronista tuvo la chance de dialogar con algunos de los instructores judiciales de aquella investigación.
–¿Y dónde está el 90 por ciento restante del botín? –preguntó Página/12.
–La impresión que nosotros tenemos es que la banda sigue teniendo la plata guardada –explicaron al unísono las fuentes.
–Pero a Vitette le autorizaron salidas laborales y terminó detenido otra vez cuando lo sorprendieron robando en un departamento en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Eso fue en marzo de 2009. Si tenía el botín, ¿para qué robaba? –insistió este diario.
–Bueno, tal vez lo mexicanearon. Otra parte de la banda se quedó con el botín. Nosotros sospechamos que hubo un segundo jefe de ese golpe, un abogado, pero el juez nunca consideró suficientes las pruebas. Pero también puede ser que Vitette lo tenga escondido y lo usará sólo cuando se pueda ir a Uruguay, donde usted debe recordar que se compró un lujoso automóvil una semana después del robo al Banco Río.
En verdad, los instructores judiciales tienen hipótesis que explicarían otras partes del botín, siempre muy chicas. Por ejemplo, que una amante del Beto se quedó con una parte o que otros integrantes de la banda exhibieron algún poder de compra después del robo y le dieron dinero –siempre cantidades de 50.000 o 60.000 dólares– para que las guarde algún amigo. Nada de eso termina de llevar la suma total detectada a, con toda la furia, dos millones de dólares.
Por supuesto que la versión más extendida respecto del botín del Banco Río es que efectivos policiales, jefes importantes, se quedaron con la mayor parte. En los allanamientos y en lo que muchos sostienen fue una dura negociación con los delincuentes, plata por dejarlos ir, se esfumaron millones. Un cabecilla sigue sin estar preso hasta hoy y Vitette logró irse a Uruguay después del robo y terminó preso recién dos meses después, en marzo de 2006. No por casualidad, algunos de los jefes de la investigación fueron pasados a retiro muy pocos meses después.
La participación de integrantes del aparato de seguridad del Estado en los golpes boqueteros aparece clara en los otros dos hechos boqueteros de mayor impacto.
En 1997, los delincuentes construyeron un impresionante túnel de 70 metros y entre el 4 y 5 de enero de ese año irrumpieron en el Banco de Crédito Argentino en Callao y Las Heras. Se llevaron una cifra cercana a los 20 millones de dólares, según estimó en su momento el juez Adolfo Calvete. El magistrado y la fiscal Mónica Cuñarro llevaron a la Justicia a cuatro integrantes de la banda, dos de ellos –Jorge Pomponi y Norberto García– ex integrantes de la SIDE. Pomponi hasta formó parte del Batallón 601 de Inteligencia. Además, en la banda participó un hombre ligado a la DEA norteamericana, que había salido de Estados Unidos sin ser registrado, y dos constructores que trabajaron en el país del Norte. Del total del botín, se recuperaron apenas 500.000 dólares y una parte de las joyas. La conclusión que siempre sobrevoló el caso es que otros integrantes de la SIDE, incluso de más nivel, planearon y financiaron el golpe y terminaron sacando gran parte del botín a Montevideo.
Mucho más recientemente, en marzo de 2010, los que sufrieron el robo fueron 99 clientes de las cajas de seguridad del Banco Macro, en Callao al 200. Según determinó la investigación realizada por la División Fraudes Bancarios de la Policía Federal, como mínimo dos policías participaron del atraco: el segundo jefe de la comisaría de la zona, la quinta, y su chofer, un cabo. Hay imágenes en que se ve a los delincuentes subiendo al vehículo del oficial policial. En la noche del ingreso a la zona de cajas del Macro no circuló por la zona –de acuerdo con lo que determinó Fraudes Bancarios– ningún patrullero, mientras que los dos efectivos prácticamente hacían guardia para que nadie molestara a los que estaban vaciando las cajas.
A diferencia del robo en el Banco Provincia de anteayer, la banda del Macro contó con al menos un integrante muy calificado: el que desactivó las alarmas con técnica y conocimientos muy sofisticados. Eso es lo que permitió que las alarmas no sonaran. Tal vez su experiencia provino del trabajo en el sector privado, pero no falta quien diagnostica que el especialista revistó en el Estado. Del botín, posiblemente cercano a los diez millones de dólares, no se recuperó ni una moneda. Eso sí: los dos policías, integrantes del aparato del Estado, fueron puestos en disponibilidad. Y por ahora no hay nadie preso. Ya transcurrieron ocho meses en los que la fiscal se queja porque el juez no le da las órdenes de allanamiento, capturas y prohibiciones de salir del país –habrían participado dos uruguayos de la 12, la barra brava de Boca–, mientras que el magistrado afirma que las pruebas de la fiscal no son suficientes. Habría que ver quién más de uniforme estuvo detrás de semejante operación, realizada a sólo dos cuadras del Congreso Nacional.
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