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Durante tres meses, Roberto Lavagna y Graciela Camaño mantuvieron una dura pelea por el descuento del 13 por ciento a empleados públicos y jubilados. El último episodio de ese enfrentamiento tuvo lugar ayer, en una tensa reunión entre ambos ministros en la que se terminó de definir cómo se cancelará la deuda acumulada entre julio de 2001 y diciembre de 2002. El titular de Economía se plantó en que las restricciones fiscales impiden hacer erogaciones fuertes este año. Su par de Trabajo le reprochó esa actitud y logró arrancarle, por lo menos, un adelantamiento en las cuotas para los jubilados mayores de 80 años. El empecinamiento de Lavagna estuvo dado por los compromisos que asumió ante el FMI. En el acuerdo con el organismo que se conoció esta semana se puntualiza que “el reintegro del recorte salarial se realizará a través de bonos que no amortizarán durante 2003”.
Esa novedad cambió las bases de lo negociado previamente entre Lavagna y Camaño. Y dio lugar a otra ronda de tironeos y a un blooper del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, y del titular de la Anses, Sergio Massa. Ambos funcionarios salieron a decir que no era cierto que no se empezaría a saldar la deuda con empleados públicos y jubilados de menos de 80 años durante 2003. “No hay ningún inconveniente para empezar a pagarles este año porque forma parte de las previsiones presupuestarias”, enfatizó Atanasof, mientras que Massa, incrédulo, sostuvo que “la Carta de Intención dice que la amortización se hará el año que viene”, pero esto “se plantea sobre la eventualidad de un nuevo título, no sobre el mecanismo que determinó el Gobierno para devolver el 13 por ciento”. Sin embargo, la resolución oficial que sacó Economía horas más tarde dispone exactamente lo contrario. El esquema final es el siguiente:
- 230.000 empleados públicos y 464.000 jubilados y pensionados menores de 80 años cobrarán el retroactivo por el descuento del 13 por ciento en bonos, que se terminarán de cancelar en el 2008. Se ajustarán por el CER y tendrán una tasa de interés del 2 por ciento anual.
- 43.048 jubilados y pensionados de entre 80 y 84 años –cumplidos al 31 de diciembre de 2002, inclusive– cobrarán en diez cuotas en efectivo, a pagarse a partir de la liquidación de haberes de marzo.
- 26.543 jubilados y pensionados mayores de 85 –cumplidos al 31 de diciembre de 2002– cobrarán en seis cuotas en efectivo, también a partir de la liquidación de marzo.
Este cronograma difiere del que dispuso el Gobierno el año pasado. La razón fundamental es que el FMI exigió un fuerte ajuste fiscal, y Economía recurrió, entre otras vías, a postergar la devolución de una deuda que empezó a gestarse a mediados de 2001. De ese modo, el título público para empleados públicos y jubilados no será un Boden 2007, cuya primera cuota de intereses iba a pagarse en febrero y la primera de capital en agosto de 2003. Ese bono era de 8 cuotas semestrales. En lugar de ello, el Boden será al 2008, con 10 cuotas semestrales. Y la primera de intereses se liquidará recién el 30 de setiembre próximo, mientras que la primera de capital se cubrirá el 31 de marzo de 2004.
El grueso de la deuda estatal se cubre con ese bono. En total, la emisión será por 3830 millones de pesos. En función de esos números, es poco lo que concedió Lavagna al ajustar el cronograma de reintegros a los jubilados de entre 80 y 84 años de 36 a 10 cuotas, y de los mayores de 85 años de 18 a 6 cuotas. El costo es apenas de 174,4 millones de pesos. Página/12 pudo saber que el ministro de Economía, en su afán de cuidar la caja, pretendía que el bono para empleados públicos y jubilados fuera un Boden 2010.
Lavagna y su secretario de Hacienda, Jorge Sarghini, se pusieron firmes en otra pelea que se abrió ayer, y que tiene que ver con la entrega de bonos a los que tienen sueldos apenas por arriba de los 500 pesos. En esos casos, el monto promedio de la deuda acumulada es de 300 pesos. Massa, el jefe de la Anses, dijo que no es lógico entregar bonos a cinco años a quienes tienen por cobrar tan escaso monto, y sugirió pagarles enefectivo. En total, serían 128 mil personas. Lavagna, sin embargo, volvería a desautorizarlo.