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- El año pasado, mientras investigaba el asesinato de Mariano Ferreyra, la jueza Wilma López intervino los teléfonos del titular de la UF, José Pedraza.

- Así dio con la punta del ovillo de la estrategia que Pedraza habría estado armando junto a un grupo de personas para conseguir la libertad de los detenidos, y salvarse él mismo. En el juzgado no podían creer lo que escuchaban. La jueza hizo la denuncia. Le tocó al fiscal Mariano Solessio –quien dejó de intervenir por razones de salud– y al juez Luis Rodríguez.

- El actual fiscal, Sandro Abraldes, pidió el 20 de mayo último las detenciones e indagatorias de Pedraza, Angel Stafforini (vice de Belgrano Cargas), del ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, del agente de inteligencia Juan José Riquelme y del prosecretario de la oficina de sorteos de la Cámara de Casación Luis Ameghino Escobar. Les imputó tráfico de influencias y cohecho. Primero el juez le contestó “téngase presente”, sugirió que faltaban pruebas y reasumió la investigación. El viernes último Abraldes insistió con su pedido.

- La mamá de Mariano Ferreyra, Beatriz Rial, pidió al juzgado la semana pasada que la acepten como querellante, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales.

- El juez Rodríguez sí aceptó ampliar la investigación a tres camaristas de Casación que podrían estar involucrados: Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Según el fiscal, pudieron haber tenido participación en la maniobra. Como reveló Página/12 el martes, el juez Rodríguez pidió los números de teléfono que usan los magistrados para realizar un entrecruzamiento que determine con quién se comunicaron entre noviembre de 2010 y febrero de 2011, así como sus domicilios, para determinar la ubicación de los teléfonos.