A cinco años de su desaparición, la investigación sobre el destino de Jorge Julio López no dio ningún resultado y está paralizada. Hubo diferentes hipótesis sobre las razones de la desaparición del testigo, entre ellas que un conocido suyo intentó convencerlo de desdecirse en el juicio y como se negó lo desapareció una patota integrada por ex militares y ex policías, con apoyo de uniformados en actividad. En los hechos, el final del juicio a Etchecolatz estuvo en vilo porque los abogados que iban a hacer su alegato en base a la existencia de un genocidio no tenían un poder de López, sino que eran sus patrocinantes. Esto es, era necesaria su presencia en la sala. Sin embargo, la querella de Justicia Ya presentó un recurso extraordinario que fue aceptado por los jueces, y así pudo haber sentencia, para decepción de la defensa del ex jefe de Investigaciones de la Bonaerense.

Los primeros meses la familia se sintió investigada. Ruben dice que fueron criticados por haber tenido “una actitud tranquila, por no haber salido a cortar calles, pero cuando tuvimos que hacer alguna crítica lo hicimos en la cara, y luego en los medios”. Y agrega: “Al principio pensamos que podía estar extraviado, en la causa no hay una mínima pista de nada, no se puede acusar a nadie porque no hay una sola prueba real. (López) no estaba enfermo, pero pensamos que quizás ese día que se tenía que presentar ‘le saltó la térmica’. Los días siguientes encontramos sus escritos, vinieron psicólogos y pensamos que todo podía haber sido por lo que llaman stress postraumático. Estaba lo más bien hasta el domingo a las 10 de la noche”. Como cada protagonista de la historia de López, su hijo mayor tiene su propia teoría sobre las razones de su desaparición. “Alguien se le acercó con algún motivo, antes de esa mañana. Se fue, cerró con llave, apagó la luz, no tomó mate, guardó la llave ahí (debajo de un rosal donde fue encontrada meses después) porque va a volver. Probablemente quien se lo llevó era conocido de él, para nosotros se va por su voluntad.”

Irene asiente: “Lo sacaron engañado, quizá fue una venganza de las personas que perjudicó, pero no hay pruebas”. Y se reprocha a sí misma por no haber “sentido nada” la noche del 17. Ruben agrega que él no estaba porque tenía que trabajar en Capital, y acota que su hermano tampoco se quedó con López a ver “los partidos que miraban siempre”. De algo están convencidos: si no hubiera declarado estaría con ellos, dicen. “Teníamos miedo de que le pasara algo, nos reprochamos no haber ido a averiguar si alguien lo iba a proteger, por eso pedimos que se investigue quién tuvo la responsabilidad de hacerlo”, explica Ruben. “Nunca se imaginaron que iba a volver a pasar una cosa así”, agrega Irene. Se refieren a la denuncia que hizo la familia contra los funcionarios judiciales de la causa y las abogadas del testigo, hecho que consolidó la brecha entre los familiares de López y sus compañeras de cautiverio primero, y de querella después.

El juez federal del caso, Arnaldo Corazza, se apartó por “violencia moral” tras esa denuncia. Ruben López se pregunta si acaso la familia no sufrió lo mismo “cuando dejaron en la nada la denuncia de Atalaya o la de Misiones”. Si bien ese magistrado no había logrado ningún avance, a partir de su apartamiento el expediente entró en una maraña judicial que sólo llevó a su actual parálisis. En el último año el juez federal Manuel Blanco no ordenó medida alguna, en medio del lento desmantelamiento de los escasos recursos humanos que la querella había arrancado a la burocracia judicial. El secretario que la Procuración había destinado para la instrucción se fue y nadie lo reemplazó. A principios de año la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que tenía a su cargo el sistema de entrecruzamiento de datos, renunció a la investigación. Las “brigadas de la Policía Federal”, que en su momento había puesto el ministro Aníbal Fernández a disposición, están en Capital y como carecen de conducción judicial no tienen nada que hacer. En febrero el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, acercó un testigo por cuyos dichos se armó el megaoperativo del parque Pereyra Iraola. El resultado fue negativo y el informante resultó ser “trucho”. En los últimos días, una denuncia sobre un cadáver NN en una morgue judicial demostró cuán errática es esta investigación: sobre el mismo se habían dispuesto medidas en 2007, que finalmente no habían sido continuadas y provocaron que por más de cuatro años el cuerpo quedara allí. Unos sesenta cuerpos NN encontrados en todo el país fueron a parar al expediente, sin que aportaran nada.

La AEDD definió a la causa como el “monumento nacional a la impunidad”. Para esa agrupación que nuclea a sobrevivientes de la dictadura, el día que coronaban sus esfuerzos de 30 años con la inminente condena al genocida Etchecolatz fue un volver a empezar. “Miles salimos a la calle en La Plata, bajo una lluvia torrencial, el viernes de la primera semana, gritando desesperadamente y después de tantos años ‘aparición con vida y castigo a los culpables’”, recordaron. Esa noche, el gobernador bonaerense Felipe Solá y sus ministros les dijeron que “estaba en peligro la gobernabilidad de la Bonaerense porque al momento de la desaparición de López había en sus filas 3 mil efectivos que en los años 1976 y 1977 estuvieron destinados a dependencias donde funcionaron centros clandestinos, y a quienes ningún gobierno había separado e investigado”. Hoy afirman que fue la evidencia de que el destino de López nunca sería esclarecido.