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A tres semanas del comienzo de clases, el Gobierno está obsesionado con la forma de asegurar que no se abrirá un nuevo frente de conflicto social en un escenario más que fértil. En la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, algunos diputados radicales propusieron la inclusión de los 660 millones de pesos del Fondo de Incentivo Salarial. Desde el Gobierno se dan por satisfechos si se logra pagar un semestre, es decir que se incluyan 330 millones de pesos. La Federación de Trabajadores de la Educación (CTERA) pugna por el cumplimiento de la ley vigente y exige un cronograma de pago. Algunos ministros de Educación suscriben off the record la postura de la titular del gremio, Marta Maffei, y repiten “no puede ser que el Gobierno no tenga capacidad de negociación para conseguir 660 millones de pesos cuando mediante la licuación de deuda le acaba de regalar a los grandes grupos económicos 16 mil millones. Basta mirar esos montos para darse cuenta de que acá lo que hace falta es una decisión política de priorizar realmente la educación”.