Los ex operarios despedidos de YPF –hay unos 36.000 en todo el país– vienen reclamándole a la empresa Repsol que les pague las utilidades que dieron en su momento el diez por ciento de las acciones de la empresa, que por ley les corresponde a los trabajadores. “Repsol cumplió con el pago en el caso de los cinco mil operarios que siguieron trabajando en la empresa, pero no hizo lo mismo con los despedidos”, explicó Humberto López, que junto con Miguel Montt encabeza la agrupación de ex YPF 13 de Diciembre, que nuclea a unos 4500 trabajadores despedidos que viven en las provincias de Neuquén y Río Negro. En 2008, patrocinados por la abogada Alejandra Dibo, los ex empleados trataron, sin éxito, de lograr un acuerdo extrajudicial con la empresa. Ante el fracaso de ese camino, los ex agentes ahora están discutiendo con diputados y senadores nacionales la posibilidad de que los legisladores promulguen una ley que les permita obtener el resarcimiento económico, que asciende a varios millones de pesos. “Nos estamos reuniendo con los legisladores y creemos que vamos a lograr el objetivo”, sostiene Montt.

En 2010, los ex operarios de YPF participaron en forma activa en las reuniones de la Comisión de Trabajo de la Legislatura mendocina y ahora llegaron al Congreso Nacional. Desde hace varios años, los ex agentes de la zona de Neuquén y provincias cercanas vienen realizando marchas y movilizaciones, que por lo general se llevan a cabo en la plaza Las Banderas, en Plaza Huincul. Otros reclamos similares se vienen realizando en Bahía Blanca, Mendoza y Santa Cruz. “Desde hace años venimos gestionando esta ley para que nos paguen las utilidades de las acciones que nos corresponde y que nunca recibimos. Necesitamos unos 140 votos en Diputados, pero creemos que tendríamos algunos más porque hemos trabajado con distintos sectores y creemos que tenemos el consenso necesario”, no sólo de la bancada oficialista.

En estos años se han producido también otros fallos judiciales, como el de la jueza Edith Cristiano, del Juzgado del Trabajo de Río Grande, que dispuso “suspender los derechos políticos y económicos de las 45.212.888 acciones de YPF, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE)”, atendiendo el reclamo de los ex agentes de YPF, que pretenden que se les reconozca el derecho a un porcentaje del paquete accionario de la compañía. Las acciones en cuestión representan el 11,50 por ciento del paquete accionario de YPF. La suspensión tiene vigencia hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.

En su momento, Verónica Muchnik, otra de las abogadas que representan a los trabajadores, consideró que la medida los dejaba “más que conformes” y recordó que Repsol “violó una orden emitida por el juez federal Oscar Valentinuzzi, en marzo de 2011, por la que se impedía que la empresa vendiera las acciones con motivo de la demanda judicial realizada por la Federación de Ex Trabajadores de YPF en nombre de sus cerca de 25 mil representados que reclaman con fundamento por sus derechos accionarios”.

Los ex agentes esperan que la solución llegue a través del Congreso de la Nación El proyecto que impulsan prevé que el Estado se haga cargo del resarcimiento y luego ese monto se descuente a Repsol en el cálculo de la indemnización por la expropiación.